El líder del Gobierno gallego, Alfonso Rueda, perteneciente al Partido Popular, ha revelado en un evento reciente su intención de iniciar un proyecto piloto destinado a la adquisición y rehabilitación de locales comerciales. El objetivo es convertir estos espacios en pisos que se ofrecerán para alquileres sociales, aludiendo a ello como una posible solución a la grave crisis habitacional que afecta a España.

Durante un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum, Rueda destacó las iniciativas que su administración ha implementado para facilitar la conversión de bajos comerciales en viviendas. Subrayó la reforma normativa que había puesto en marcha, apuntando a la necesidad de adaptar la legislación a la nueva realidad del comercio y el uso del espacio urbano.

Al señalar el “grave desafío” que representa la falta de vivienda asequible en el país, Rueda explicó que, a diferencia de tiempos anteriores, muchos de estos locales han pasado de ser altamente demandados a estar prácticamente desiertos, lo cual contribuye a la degradación de las ciudades, especialmente en sus zonas centrales.

“Es hora de ser realistas; si en diversas ciudades europeas se están llevando a cabo estas transformaciones, ¿por qué no podríamos implementarlas aquí?”, se cuestionó el presidente, quien aboga por facilitar el acceso a la vivienda en estos espacios a la población.

Además, Rueda comunicó la inclusión de “medidas cruciales” en el presupuesto de la Xunta para el año 2026, que serán analizadas y aprobadas en la próxima reunión del Consejo de Gobierno. Estas medidas están diseñadas para abordar la crisis de la vivienda de manera más efectiva.

El dirigente insistió en que es inaceptable que la vivienda se considere un artículo de lujo, recordando que muchas personas jovenes no pueden emanciparse ni comenzar nuevas etapas en sus vidas debido a la actual situación del mercado inmobiliario que las deja en condiciones muy precarias.

En este marco, Rueda también destacó las deducciones fiscales que su Gobierno ha implementado, destinadas a asegurar que las personas puedan destinar su dinero a la adquisición de vivienda en lugar de alimentar el aparato administrativo a través de impuestos elevados.

En el mismo sentido, mencionó la reducción proyectada del impuesto de transmisiones patrimoniales, indicando que se ampliará su ámbito de aplicación para beneficiar a un mayor número de ciudadanos, calculando que el 95% de las transacciones de vivienda en Galicia podrían ser favorecidas por esta medida.

Asimismo, el presidente de la Xunta criticó la inacción del Gobierno central con respecto a apoyo para familias monoparentales, asegurando que su Administración se encargará de incluir a este grupo en la reducción del 5% del referido impuesto, promoviendo así una mayor equidad fiscal.

En otro punto, Rueda se refirió con preocupación al clamor popular para la reanudación del control público de las autopistas del norte, enfocándose en la AP-9, y sugiriendo que si esta situación se diera en Cataluña, la respuesta sería completamente diferente.

Esta declaración llegó luego de que el ministro de Transportes, Óscar Puente, manifestara en el Congreso que no se prevén decisiones sobre la autopista del Huerna en Asturias, cuya situación es paralela a la de la AP-9, hasta que se pronuncie el Tribunal Superior de Justicia Europeo.

Puente también afirmó que la opinión de los asturianos sobre el peaje del Huerna no es tan contundente, perpetuando la permanencia del sistema de peajes a pesar de las manifestaciones programadas por diversas plataformas ciudadanas reclamando su abolición.

Respecto a este tema, Rueda fue claro al señalar que debe existir una única respuesta: “Levantar los peajes, tal como se ha hecho en otras regiones de España”, planteando la necesidad de una resolución urgente a esta situación.