
El panorama judicial en Galicia ha experimentado un notable aumento en la presentación de concursos, con un incremento del 27% en comparación con el año anterior. Este dato, correspondiente al segundo trimestre de 2025, pone de manifiesto una tendencia inquietante en la región, a medida que más individuos y entidades enfrentan dificultades económicas.
En el ámbito de la ocupación ilegal de viviendas, los juzgados gallegos recibieron únicamente 15 demandas durante el mismo periodo, lo cual representa una disminución significativa del 37,5% en comparación con 2024, un indicativo de que este problema podría estar siendo abordado de manera más efectiva.
Las cifras desglosadas por el Consejo General del Poder Judicial revelan que Galicia tiene un índice de procedimientos por ocupación de vivienda de 0,6 por cada 100.000 habitantes, una tasa inferior a la media nacional de 1, lo que podría sugerir una situación relativamente controlada en este ámbito.
En cuanto a los lanzamientos, la región también ha visto una disminución, con 320 casos ejecutados en el segundo trimestre, lo que se traduce en un descenso del 12,8% con respecto al año anterior. De estos, la mayoría se debieron a impagos en alquileres, conforme a la Ley de Arrendamientos Urbanos, aunque estos procedimientos decrecieron en un 3,2%.
Por otro lado, los procedimientos de ejecuciones hipotecarias han mostrado un patrón diferente, aumentando un 26,3% en comparación con el mismo trimestre del año anterior, con un total de 274 nuevos procedimientos registrados, lo que podría ser sintomático de la presión económica que enfrentan muchas personas en la región.
A pesar de este aumento en las ejecuciones, los concursos en los juzgados de lo Mercantil también han visto un crecimiento. En total, se llevaron a cabo 814 concursos durante el segundo trimestre, una cifra que confirma una tendencia ascendente desde 2018, principalmente impulsada por personas naturales sin actividad empresarial, según el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.
Entre todos los tipos de concursos, aquellos presentados por individuos sin actividad empresarial se incrementaron un 26,8%, mientras que las empresas también experimentaron un crecimiento notable del 24,4%. Este reflejo del estado económico de la comunidad es motivo de preocupación en un entorno donde las dificultades financieras parecen prevalecer.
Sin embargo, a pesar de estos números alarmantes, Galicia aún se mantiene por debajo de la media nacional en términos de concursos, con 30 por cada 100.000 habitantes en comparación con los 37,2 a nivel estatal.
Este incremento en la presentación de concursos ha llegado tras la entrada en vigor de la nueva legislación que transfiere los casos de personas naturales sin actividad empresarial desde los juzgados de Primera Instancia a los juzgados de lo Mercantil, un cambio que podría estar reflejando un enfoque más estructurado y organizado hacia la gestión de estas crisis financieras.
En cuanto a las demandas laborales, los juzgados de lo Social registraron 1.494 demandas por despido, una cifra que indica un descenso del 10,1% si se compara con el año anterior. Asimismo, las reclamaciones económicas presentadas también disminuyeron en un 10,7%.
Estas estadísticas nos ofrecen una visión fundamental del estado de la economía gallega en el contexto actual, donde los cambios legislativos y las presiones económicas continúan influenciando el bienestar de los ciudadanos. La situación realmente merece un seguimiento detallado para entender mejor las dinámicas en juego y sus implicaciones a largo plazo.
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