La Xunta de Galicia ha decidido adoptar una nueva estrategia que busca balancear la preservación del lobo con la seguridad y la sostenibilidad de la ganadería en la región.

Desde Ourense, el 11 de abril, se dio a conocer que la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático ha emitido una resolución que, bajo condiciones rigurosas, permitirá tomar medidas para controlar la población de lobos en casos donde se haya verificado daño a la ganadería.

A pesar de que la caza del lobo sigue siendo generalmente prohibida, esta medida reintroduce la posibilidad de implementar acciones específicas, como esperas y batidas, en circunstancias particulares. Este enfoque tiene como objetivo encontrar un equilibrio que favorezca tanto la conservación del lobo como la protección de las explotaciones ganaderas y otras especies.

La conselleira Ángeles Vázquez, en una rueda de prensa, indicó que esta resolución es una respuesta al notable aumento de la población de lobos en Galicia, que ha crecido un 37% en las últimas dos décadas, pasando de 68 a 93 manadas. Además, advirtió que los reportes de daños en ganaderías han aumentado un 308% desde el año 2010.

Vázquez también resaltó que el lobo ya no se considera una especie en peligro de extinción en la comunidad, lo que justifica su exclusión del listado de máxima protección y su restitución como especie cinegética, tal como era antes de 2021.

La normativa, que fue publicada el pasado viernes en el Diario Oficial de Galicia (DOG), establece que durante los meses de abril, mayo y junio, la única modalidad de control permitida será la espera. Esta restricción busca no interferir en la temporada de cría, tanto de lobos como de otras especies. A diferencia de las batidas, en las que se puede cazar activamente, las esperas requieren que los cazadores se mantengan en zonas específicas donde se han registrado daños y actividad del lobo.

El objetivo, según Vázquez, es asegurar la viabilidad tanto de las poblaciones de lobos como de las ganaderías y otras especies, haciendo una mención especial a la preocupante reducción de corzos y la amenaza que corre el caballo gallego, cuyas crías no están logrando sobrevivir.

La conselleira ha enfatizado que esta resolución pretende articular la conservación del lobo con la protección de la economía rural, un aspecto crucial en el desarrollo del medio rural gallego.

Las autorizaciones para el control del lobo seguirán el Plan de gestión que se estableció en 2008, y se aplicarán en tres áreas de gestión: las zonas 1 y 2 estarán bajo la supervisión de las delegaciones provinciales, mientras que la zona 3 será gestionada por la Dirección General de Patrimonio Natural.

La normativa también estipula que cualquier daño deberá ser verificado previamente por el Servicio Provincial de Patrimonio Natural. Asimismo, los resultados de las acciones deberán ser comunicados en un plazo máximo de cinco días, y el incumplimiento de estas directrices podría acarrear sanciones y la negativa a emitir futuras autorizaciones.

La Xunta ha mencionado que esta medida ha sido consensuada con los comités provinciales de caza y el Comité Gallego de Caza, y forma parte de un enfoque de gestión “equilibrado, técnico y legal” que busca abordar un problema “real y creciente” en el medio rural.

En este contexto, Unións Agrarias ha solicitado formalmente a la Consellería de Medio Ambiente que se implementen de manera inmediata medidas de control sobre la población de lobos en O Pino, resaltando la preocupación de los ganaderos por los repetidos ataques a su ganado.

La organización agraria ha manifestado que ha estado en contacto con ganaderos que denuncian la falta de acciones efectivas por parte de la administración responsable. También recordó que las restricciones impuestas por la inclusión previa del lobo en el Lespre obstaculizaban cualquier intervención, incluso las que estaban contempladas en la normativa estatal.

Unións Agrarias alega que, aunque apoyan la idea de que el lobo debe ser considerado una especie no cinegética, esto solo debería aplicarse en situaciones excepcionales y debidamente justificadas por daños continuos a la ganadería. Este enfoque, según ellos, garantizaría la protección efectiva de la especie al tiempo que responde a las necesidades de los productores.

Además, se subraya que este enfoque permitirá actuar en situaciones donde existan riesgos para la seguridad de las personas, particularmente en áreas habitadas donde el lobo está atacando al ganado y a perros domésticos en las inmediaciones de los hogares.