El Ayuntamiento de Santiago de Compostela ha encargado un estudio para establecer una tasa turística en la ciudad. Según el estudio, la cuantía de la tasa sería moderada, oscilando entre los 2,5 y los 0,5 euros, dependiendo del tipo de establecimiento, e incluiría además los pisos turísticos. El objetivo de la tasa no sería financiar el funcionamiento ordinario de la administración pública ni de los servicios, sino impulsar determinados servicios y actuaciones fundamentales para el turismo, como la rehabilitación y conservación de la ciudad histórica o medidas para mantener la población y el comercio local en el casco histórico.

El alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo, ha señalado que en el sector de la hostelería se entiende que es necesario y positivo que el turismo contribuya vía impositiva al mantenimiento de la ciudad, pero ha dejado claro que esta tasa no entraría en vigor hasta 2025, y ha añadido que en ningún caso la aplicación de un impuesto de este tipo ha tenido efectos negativos en el turismo.

El estudio ha sido presentado a las asociaciones representantes de la hostelería de Santiago, que han apoyado la iniciativa pero han pedido que los recursos generados por el impuesto turístico reviertan en el sector. Hosteleria.gal ha propuesto que la tarifa sea escalada, por día o fracción, para no penalizar en exceso al tipo de visitante con más poder adquisitivo, y ha señalado la necesidad de incluir en el impuesto al turismo de excursiones, por el alto impacto que causa en el entorno de la Catedral en el poco tiempo que permanece en la ciudad y el escaso rendimiento económico que produce.

El alcalde ha subrayado que la tasa turística busca la mejor y mayor convivencia posible entre vecinos y turistas y ha remarcado que Santiago ha recibido 180 solicitudes en el mes de marzo de cambio de uso de residencial a turístico y cero en sentido contrario, por lo que necesita buscar mecanismos que permitan compensar esta deriva. El siguiente paso será convocar junta de portavoces para informar a los grupos, tras lo cual se llevará al consejo de administración y se volverán a reunir con las asociaciones. Finalmente, el Gobierno local remitiría a la Xunta de Galicia tanto el informe técnico realizado como las observaciones que considere convenientes incorporar, y será ella la que marque el ritmo para convertirlo en ley y poder hacer la ordenanza fiscal correspondiente posterior.