SANTIAGO DE COMPOSTELA, 29 de septiembre.

La asociación ambientalista Adega, junto con la Plataforma en Defensa da Ría de Arousa (PDRA) y el sindicato CIG, ha tomado la decisión de impulsar acciones legales en forma de un contencioso-administrativo contra el proceso que la Xunta ha seguido para conceder derechos de agua a Altri.

Estas organizaciones han interpuesto un recurso judicial en respuesta a la negativa a su petición de archivo del expediente de concesión de aguas, argumentando que ha transcurrido el plazo máximo permitido sin que la Xunta haya tomado una decisión al respecto.

Durante una conferencia de prensa celebrada en Vilagarcía, estas agrupaciones han manifestado su intención de representar las miles de objeciones presentadas por la ciudadanía en contra de la concesión solicitada por Altri.

El recurso trata sobre la solicitud de un caudal de 46.000 m3/día, y las organizaciones explican que la normativa que regula el uso del dominio público hidráulico establece un período de 18 meses para resolver las solicitudes; si no se cumple, se entiende que la solicitud ha sido desestimada. El procedimiento dio inicio en una fecha anterior al 30 de noviembre de 2022, cuando se publicó el anuncio en el Boletín Oficial de A Coruña sobre la competencia de proyectos de la solicitud, lo que implica que el plazo para resolver debería haber finalizado el 30 de mayo de 2024, 18 meses después de la publicación inicial.

En este contexto, en febrero solicitaron a la directora de Aguas de Galicia que declarara la caducidad del mencionado procedimiento, pero tras tres meses sin respuesta, su solicitud fue considerada desestimada. Luego presentaron un recurso en alzada y, el pasado 1 de agosto, recibieron comunicación en la que la presidenta de Aguas de Galicia rechazó su petición, argumentando que aunque el plazo para resolver había expirado, esto no implica que se archive el expediente. De esta manera, Aguas de Galicia aún podría emitir una resolución, a pesar de haber excedido el plazo, potencialmente autorizando el caudal pedido por Altri.

Aguas de Galicia justificó su retraso argumentando la "complejidad" del proceso de concesión, lo que ha influido en la duración del mismo, aunque sostiene que esto no debería causar perjuicios a terceros implicados.

No obstante, las organizaciones demandantes opinan que esta dilación genera una situación de inseguridad jurídica y afecta negativamente el interés público que han defendido los opositores a la concesión. Adega, al participar en el trámite, ha abogado porque el caudal solicitado por Altri se destine a fines ambientales y de abastecimiento, lo cual contrasta con los intereses de la empresa portuguesa que solicita el agua.