El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha sido objeto de un apercibimiento por parte de la Junta Electoral Central (JEC), debido a unas declaraciones que realizó durante la campaña electoral. En estas declaraciones, Rueda expresó su respaldo al candidato del PP a La Moncloa, Alberto Núñez Feijóo, desde el atril institucional. La JEC ha ratificado este apercibimiento, acusando al presidente de falta de diligencia para evitar manifestaciones con connotación electoralista durante un acto institucional.
Los hechos denunciados ocurrieron durante la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Ejecutivo autonómico el 20 de julio. En esa ocasión, Rueda evaluó el resultado del debate entre Feijóo y el socialista Pedro Sánchez, señalando que su objetivo era contribuir desde Galicia a que el candidato obtuviera el mejor resultado en las elecciones.
La Junta Provincial de A Coruña sancionó al presidente autonómico, pero la Xunta presentó un recurso alegando indefensión y solicitando que se declarara que las manifestaciones no vulneraban la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg). Sin embargo, la JEC ha desestimado el recurso y ha ratificado que Rueda debe extremar su diligencia para respetar el principio de neutralidad durante el proceso electoral.
La JEC argumenta que las declaraciones de Rueda, en respaldo del candidato de su partido y en detrimento de otros candidatos, podrían ser legítimas durante un acto de campaña o en el ejercicio de la libertad de expresión, pero no durante un acto institucional como presidente de la Xunta. Además, la JEC no considera válidos los argumentos del Gobierno gallego, que afirmaba que Rueda simplemente respondía a preguntas de los periodistas.
La JEC concluye que Rueda no mostró la debida diligencia para evitar manifestaciones con connotación electoralista durante un acto institucional, como la rueda de prensa posterior al Consello de la Xunta. Aunque Rueda argumentó que estaba actuando como presidente de la comunidad y no a título personal ni como alto cargo de un partido político, la JEC recuerda que los altos cargos de las Administraciones Públicas están al servicio de todos los españoles y deben evitar el uso arbitrario de los recursos institucionales en beneficio de una determinada facción política.