En Santiago de Compostela, el 23 de octubre, el conselleiro de Presidencia, Justicia y Deportes, Diego Calvo, ha anunciado que el Gobierno de Galicia prevé la aprobación el próximo noviembre del proceso para reformar la ley de Administración Local de Galicia.

Calvo ha señalado que esta revisión es crucial y ha hecho hincapié en la importancia de alcanzar un amplio consenso para que se elabore una normativa que beneficie a todos los gallegos. Su declaración tuvo lugar durante su presentación en la Comisión 3ª de Economía, Hacienda y Presupuestos, donde explicó las partidas presupuestarias de su departamento.

El conselleiro presentó un presupuesto cercano a los 585 millones de euros, destacando el compromiso del gobierno con el deporte, la acción exterior de Galicia y la promoción de la movilidad sostenible. En este contexto, subrayó el apoyo continuo a los municipios y las iniciativas en materia de justicia.

Diego Calvo también destacó la importancia de seguir avanzando en otras áreas, como emergencias y transporte, y reafirmó la intención de incrementar el autogobierno, centrándose en la transferencia de la AP-9, permisos de trabajo y colaboración en avisos meteorológicos entre Aemet y Meteogalicia.

Durante su intervención, el conselleiro insistió en la necesidad de cubrir las vacantes en la Unidad de Policía Adscrita, recordando que actualmente Galicia cuenta solo con 339 agentes de los 500 que debería tener. Apuntó que tanto él como el presidente Alfonso Rueda han discutido la situación con el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, quien aseguró que Galicia dispondría de 50 plazas mientras no se firmara el convenio.

Calvo expresó su interés en alcanzar un "acuerdo intermedio" entre el convenio existente y el nuevo, criticando la falta de respuesta por parte del Gobierno central. Aseguró que, con el actual número de efectivos, las funciones de seguridad en la región están en riesgo y anticipó que si no se cubren los puestos vacantes, es probable que se recurra a empresas de seguridad privada.

El diputado de Democracia Ourensana, Armando Ojea, criticó las inversiones en su provincia y planteó preocupaciones sobre la posible delegación de funciones policiales a firmas de seguridad privada. A su vez, Paloma Castro, del PSdeG, acusó a Calvo de instrumentalizar la situación para generar tensiones con el Gobierno central, cuestionando la gestión de recursos en la seguridad pública.

Castro se refirió también a la reciente experiencia de Andalucía, que ha ampliado el número de policías adscritos, sugiriendo que Galicia debería seguir un camino similar. Calvo le respondió enfatizando el compromiso que se había expresado por escrito en relación a los efectivos policiales necesarios.

Por su parte, Paula Prado, del Partido Popular, subrayó que la falta de recursos no es el problema, sino la negativa del Gobierno de Pedro Sánchez a completar el cuerpo de personal requerido. Además, criticó al BNG por su intención de desplazar a la Guardia Civil y la Policía Nacional en favor de una policía propia.

El diputado del BNG, Iago Tabarés, acusó al Gobierno de los populares de no resolver problemas con sus presupuestos y de no mostrar interés en abordar el colapso del sistema judicial, demandando una mayor coherencia en la transferencia de competencias judiciales y en asuntos de violencia de género. Calvo, en respuesta, lamentó las decisiones unilaterales del Gobierno central que han afectado a los juzgados de la región.