El pleno del Parlamento ha aprobado la ley de promoción de los beneficios sociales y económicos de los proyectos que utilizan los recursos naturales de Galicia, incorporando 9 enmiendas: 5 del BNG y 3 del PSOE, con los votos a favor del PPdeG y el rechazo de la oposición.

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 22 Oct.

La Xunta busca, según BNG y PSdeG, el "greenwashing" con esta norma, mientras que el PP defiende que busca facilitar la implantación de proyectos que cumplan con los requisitos medioambientales, aunque la oposición critica que se impulsa "más privatización".

El texto final incorporó 9 enmiendas, una de los populares, cinco del Bloque y tres de los socialistas, dos de estas últimas transaccionadas.

La portavoz del PSOE, Patricia Iglesias, criticó al grupo mayoritario por "pasar la apisonadora" y acusó al PP de no aceptar enmiendas significativas. Por su parte, el diputado del BNG, José Manuel Golpe, señaló que la ley es una "oportunidad perdida".

El parlamentario Alberto Pazos defendió las aportaciones de la sociedad civil y acusó a la oposición de querer un desarrollo sin impacto ambiental.

La Xunta presentó Recursos de Galicia y una comercializadora de energía para rebajar costes, aunque la diputada del PSdeG, Patricia Iglesias, criticó que no es una empresa gallega. El BNG también expresó preocupaciones sobre posibles prácticas contrarias a la competencia.

La ley de acompañamiento a los presupuestos de 2025 también fue tema de debate, con críticas de la oposición a los cambios en la planificación eólica propuestos por el Gobierno autonómico.

En un contexto de "tercera revolución industrial", el diputado popular Alberto Pazos destacó la importancia de aprovechar los recursos de Galicia para la generación de energía renovable.

La conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, no pudo intervenir al término del debate, generando críticas de la oposición por la falta de rigor en el procedimiento parlamentario.

El presidente del Parlamento, Miguel Santalices, indicó que la conselleira no tendría la oportunidad de hablar, lo que generó discrepancias entre los distintos grupos políticos sobre la interpretación del reglamento.