El Ayuntamiento de Ourense ha dado luz verde hoy a sus primeros presupuestos en cinco años, concretamente desde 2020, los cuales superan los 116 millones de euros. La aprobación se llevó a cabo en un pleno extraordinario, donde los votos a favor del grupo de gobierno, Democracia Ourensana (DO), junto con la abstención del Partido Popular (PP), fueron decisivos para superar las objeciones presentadas por los grupos de oposición, como PSdeG y BNG.

Los socialistas y nacionalistas han criticado la falta de diálogo y negociación en la elaboración de estos presupuestos, argumentando que son opacos y poco transparentes. El concejal del BNG, Luís Seara, acusó al alcalde de “escurrir el bulto” y alertó que los presupuestos están fundados en “bases de ejecución leoninas” que permitirán al alcalde actuar a su antojo, insinuando la existencia de mecanismos con "dudosa legalidad".

Por su parte, la concejala del PSdeG, Natalia Beneítez, expresó su desacuerdo tanto con la propuesta como con el procedimiento seguido para su aprobación, apuntando a una “falta de sensibilidad” y a una reducción del espacio para la participación ciudadana en el proceso. Beneítez enfatizó que Ourense merece unos presupuestos que sean serios, transparentes y que realmente atiendan las necesidades de la población.

El PP por su parte ha dejado claro que estos presupuestos no son de su agrado, pues no reflejan su visión de la política municipal. Sin embargo, han señalado la frustración de los ciudadanos ante la inacción de sus autoridades. Ana Méndez, edil popular, declaró que la ciudad no puede seguir estancada y que su decisión de actuar, aunque difícil, era esencial y responsable.

Desde la tribuna, el alcalde, Gonzalo Jácome, respondió a las críticas señalando que las acusaciones de la oposición son “hipócritas” e “irientes”, y defendió que la aprobación de los presupuestos se alinea con la mayoría de los gobiernos municipales en España. También agradeció al PP por sus aportes, subrayando que estos representan una visión constructiva y no se limitan a rechazos sin fundamentos.

El pleno también rechazó cinco alegaciones de varios particulares y asociaciones, así como de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF). A pesar de ello, el grupo de gobierno se ha comprometido a discutir una “futura modificación de crédito” en septiembre, en respuesta a una petición del PP relacionada con el financiamiento de necesidades sociales planteadas por la agrupación vecinal Miño.

Por otro lado, los comerciantes de la Plaza de Abastos nº1 de Ourense no lograron que se atendiera su solicitud para incluir una partida destinada a finalizar las obras del edificio original, a pesar de contar con el respaldo de socialistas y nacionalistas. Beneítez subrayó la falta de apoyo del gobierno local a aquellos que impulsan la economía de la ciudad, resaltando nuevamente la incertidumbre en la respuesta del ejecutivo local a este tipo de demandas.