La Organización de Productores Pesqueros de Burela ha expresado su profunda preocupación ante lo que considera una decisión injusta e inaceptable por parte de la justicia europea. El gerente de la entidad, Sergio López, advirtió que la reciente resolución del Tribunal General de la Unión Europea, que desestimó los recursos contra el veto a la pesca de arrastre, representa un duro golpe para los pescadores gallegos, colocando en riesgo la supervivencia del sector.

En sus declaraciones, López subrayó que la resolución podría llevar a la desaparición del sector pesquero en Europa si las políticas continúan de esta manera. La OPP de Burela y el Ministerio de Pesca español habían presentado recursos contra un reglamento de la Comisión Europea que prohíbe la pesca de arrastre en 87 áreas marinas protegidas, una normativa que entró en vigor en octubre de 2022.

Con un tono de frustración, el líder de la organización resaltó que la decisión judicial es una pérdida significativa no solo para su grupo, sino para toda la comunidad pesquera en Europa. La queja se centra en la aparente falta de lógica de la sentencia, que desestimó los argumentos presentados, los cuales destacaban los efectos desproporcionados de este reglamento.

López insistió en que había muchas organizaciones esperando este fallo, a la espera de que se pudiera frenar la inacción de la Comisión Europea. Señaló que el procedimiento jurídico había sido complejamente difícil y que los resultados no benefician al sector pesquero.

El gerente argumentó que el palangre es una de las técnicas de pesca más selectivas y que, a su juicio, la nueva regulación provocará mayor daño que beneficio, generando un impacto negativo en lugar de proteger los ecosistemas marinos. "Están matando moscas a cañonazos", criticó López, aludiendo a la desproporción de las medidas que afectan amplias zonas marítimas.

El regulador de la UE ha establecido restricciones que impactan 16.500 kilómetros de mar, de los cuales solo un tercio se justifican como zonas de protección. López hizo un llamado a las administraciones para trabajar conjuntamente con el sector en la búsqueda de soluciones viables y sostenibles a largo plazo.

La sentencia del Tribunal recalca que la designación de áreas marinas vulnerables se basa en la necesidad de proteger especies en riesgo ante los efectos negativos de las artes de fondo. Además, se concluye que la metodología utilizada por la Comisión para definir estas zonas no excede su autoridad y es, de hecho, válida para los objetivos de conservación establecidos.

Asimismo, se rechazaron las alegaciones que cuestionaron la legalidad de la normas que promovieron la adopción del reglamento, afirmando que no hubo uso indebido de poder por parte de la Comisión. El fallo también aclara que la prohibición solo afecta a la pesca de fondo a profundidades superiores a los 400 metros, subrayando que España y los pescadores que presentaron la demanda no lograron demostrar que la pesca de arrastre no constituya un riesgo para las áreas marinas vulnerables.