En Vigo, hoy 17 de abril, se ha dado inicio al juicio por el alijo de 3,8 toneladas de cocaína llevadas en el barco MV Karar durante la pandemia de Covid en abril de 2020. La sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, ha sido el escenario de esta sesión donde las partes han comenzado a discutir cuestiones previas. Algunas defensas han cuestionado la investigación policial y la validez de algunas diligencias, alegando una supuesta violación de los derechos fundamentales de los implicados.

Después de dos aplazamientos, hoy se han sentado en el banquillo los 28 acusados en este caso, entre ellos Juan Carlos Santórum, considerado el líder del grupo según los investigadores. Además de los tripulantes del MV Karar, también están acusadas otras 12 personas arrestadas en tierra, incluyendo un ciudadano colombiano, un funcionario de Vigilancia Aduanera y su esposa.

En la primera jornada del juicio, varios abogados defensores solicitaron la suspensión argumentando que la competencia para juzgar estos hechos recae en la Audiencia Nacional, sin embargo, el tribunal rechazó la petición.

La defensa de Santórum y otros 6 acusados cuestionó la validez de la investigación policial, alegando que se basó en indicios débiles y solicitó la nulidad de las actuaciones debido a la presunta violación de los derechos fundamentales de sus representados. Además, solicitaron que sus defendidos puedan declarar al finalizar la prueba en el juicio.

Por otra parte, la abogada del acusado colombiano cuestionó la competencia del tribunal para juzgar los hechos y alegó una presunta vulneración de los derechos fundamentales de su cliente. También mencionó que parte de la documentación se encuentra en gallego, idioma que ni ella ni su cliente entienden.

Las defensas expresaron su preocupación ante el tribunal debido a que uno de los principales testigos de cargo es un exjefe policial del Greco actualmente investigado por presunta vinculación con organizaciones de narcotráfico.

La Fiscalía atribuye a los acusados la preparación, coordinación y transporte de la droga incautada en un abordaje en altamar. Las fuerzas de seguridad detuvieron a los 15 tripulantes del MV Karar en abril de 2020 y posteriormente a otras trece personas en tierra, incluyendo un funcionario de Vigilancia Aduanera y su mujer.

El presunto líder de la organización, Santórum, se entregó meses después para cumplir una pena de más de dos años de cárcel en otra causa. La Fiscalía acusa a todos los encausados de delitos contra la salud pública, integración en organización criminal y otros cargos adicionales para algunos.

El Ministerio Público pide penas de prisión y multas millonarias para los acusados. Para Santórum solicita 18 años y medio de cárcel y una multa de 438 millones de euros, mientras que para el resto de implicados pide 13 años y medio de cárcel y multas de 400 millones de euros.

El funcionario de Aduanas y su esposa enfrentan penas de cárcel y multas por blanqueo de capitales. La defensa busca la nulidad de las actuaciones para realizar todas las diligencias necesarias.

Los tripulantes del barco podrían salir en libertad antes de una sentencia, ya que el próximo 25 de abril se cumplen cuatro años desde su ingreso en prisión preventiva, y la ley no permite exceder este plazo.