Las concejalas Mercedes Rosón y Mila Castro, recientemente expulsadas del PSOE en Santiago de Compostela, han manifestado su descontento con el proceso que las llevó a esta situación. Ambas han afirmado que sería “inaceptable” que su caso se resolviera más rápidamente que otros expedientes que llevan tiempo pendientes, como los que afectan a figuras como el alcalde de O Carballiño, Francisco Fumega, y al exministro de Transportes, José Luis Ábalos.

En declaraciones a la prensa, las concejalas respondieron a los comentarios del secretario provincial del PSOE en A Coruña, Bernardo Fernández, quien indicó que la comisión de ética y garantías tendría aproximadamente 15 días para revisar las alegaciones de los ediles expulsados antes de tomar una decisión definitiva sobre su situación.

“Si el propósito, como hemos denunciado repetidamente, es forzarnos a abandonar, entonces podríamos entender que la decisión se tomara pronto; de lo contrario, carecería de explicación”, señaló Mila Castro. Su preocupación refleja el clima de tensión interno que vive la formación política.

Durante la conferencia de prensa, también se abordó el apoyo recibido de cientos de ciudadanos en forma de una carta firmada, que incluyó nombres destacados como el expresidente de la Xunta, Emilio Pérez Touriño. Rosón y Castro argumentaron que la dirección del partido demostraría tener “un serio problema” si no reconociera la relevancia de esta manifestación de apoyo ciudadano.

Además, descontentas con la afirmación del partido de que solo tres militantes habían respaldado la carta, Mila Castro, exsecretaria xeral del PSOE local, precisó que alrededor de 50 integrantes del partido en Santiago habían firmado la misiva. Entre ellos se encuentran figuras reconocidas como el exalcalde Xosé Sánchez Bugallo, la exdiputada Noa Díaz y otros destacados miembros del PSOE.

Al abordar las declaraciones del actual secretario xeral del PSOE compostelano, Aitor Bouza, sobre la existencia de “errores” en la gestión de la situación, Castro cuestionó si esos errores incluyen la exigencia del acta de las concejalas o la decisión de cesar a personal eventual que desempeñaba un papel positivo en la comunidad.

“Nos enfrentamos a una expulsión por no asistir a una reunión que dejamos claro que considerábamos nula de pleno derecho”, recalcó Castro, dejando claro que la decisión del comité de ética es la que determinará su futuro dentro del partido.

Finalmente, ambas concejalas confirmaron su determinación de completar su mandato, aunque eso implique ir al grupo de no adscritos, donde perderían la retribución económica correspondiente. También expresaron su disposición de acudir a los tribunales para defender sus derechos si fuera necesario.