El Ayuntamiento de Santiago de Compostela ha dado su visto bueno a una iniciativa que busca garantizar la protección pública de la célebre empresa Sargadelos, aunque el partido popular ha votado en contra. Esta propuesta fue promovida por la concejala Mercedes Rosón, quien fue expulsada del PSOE junto a otros tres miembros de su partido. Rosón había propuesto inicialmente la idea de una "expropiación forzosa", pero finalmente aceptó la opción de solicitar una "protección pública" que fue planteada por el BNG a través de su portavoz, Miriam Fernández Louzao.

Durante su intervención, Rosón subrayó la rica historia y los valores que caracterizan a Sargadelos, argumentando que esto justificaría su posible expropiación con el fin de asegurar su continuidad y proteger sus instalaciones. Su defensa resalta la importancia cultural de la empresa en la región y la necesidad de garantizar su futuro frente a cualquier adversidad.

En las últimas semanas, la situación de Sargadelos se ha complicado, ya que su administrador único, Segismundo García, ha estado en conflicto con la Inspección de Trabajo debido a un expediente abierto por problemas relacionados con la seguridad en su fábrica ubicada en Cervo, Lugo. Este conflicto ha añadido un aire de urgencia a la protección que se intenta establecer.

Mercedes Rosón dejó claro que, si la expropiación no es viable, es crucial proteger la empresa, apuntando a una falta de acción política decidida en este sentido. Hizo énfasis en la importancia de contar con una indicación geográfica protegida para los productos elaborados en la factoría y llamó a que Santiago, como espacio emblemático y "cuna" de Isaac Díaz Pardo, envíe un mensaje claro y unificado sobre el tema.

Desde el BNG, Miriam Fernández Louzao mostró su acuerdo con la dirección de la propuesta, aunque sugirió que se revisara la idea de "valorar la expropiación forzosa" para centrarse en la "valoración de la protección", buscando así la mejor alternativa desde un enfoque jurídico. Fernández Louzao también destacó la importancia de que la declaración de bien de interés cultural (BIC) sea efectiva y no quede en un simple trámite administrativo, sugiriendo que la Xunta de Galicia debería liderar este asunto.

El concejal del PP, Evaristo Ben, se opuso firmemente a la propuesta, calándola de "hipócrita" y "liberticida". Su partido argumentó que este tipo de iniciativas no debería eludir la responsabilidad que tiene el Gobierno central en la situación actual. Ben cuestionó, además, la legalidad de lo que se está solicitando, recordando que la situación en la planta de Cervo ha vuelto a la normalidad.

Para Ben, esta iniciativa es simplemente un "paripé izquierdista" y acusó a los ediles de estar desorientados, incluso haciendo comparaciones con situaciones en países como Venezuela. Cuestionó los límites de la expropiación, utilizando ejemplos de entidades y empresas locales para poner en evidencia lo que considera falta de sentido en la propuesta.

Frente a estas críticas, Mercedes Rosón expresó su decepción por el tono utilizado por Ben y enfatizó que la urgencia de proteger Sargadelos sigue vigente. En el mismo día, Segismundo García volvió a manifestar su desacuerdo con la Inspección de Trabajo, alegando dificultades para cumplir con la normativa de seguridad laboral vigente, en un contexto que ha visto a dos trabajadoras afectadas por silicosis en la planta de Cervo.