En un revelador giro de los acontecimientos, la defensa del conocido narcotraficante gallego José Ramón Prado Bugallo, comúnmente reconocido como Sito Miñanco, argumenta que los acusados no deben declarar hasta que se completen las pruebas periciales. Este martes, durante su comparecencia ante la Audiencia Nacional (AN), Sito Miñanco se negó a responder a las preguntas del tribunal, aduciendo que la falta de pruebas completas podría derivar en una indefensión para él y sus coacusados.

El narcotraficante, que se encuentra en el centro de la 'operación Mito', enfrentándose a graves acusaciones por haber intentado introducir más de 4.000 kilogramos de cocaína en España, decretó su negativa a declarar, afirmando que su abogado le había recomendado no hacerlo hasta que se concluyan todas las pruebas periciales. Esta decisión se produjo en el momento en que el presidente del tribunal, el magistrado Alfonso Guevara, le invitó a comenzar el interrogatorio.

El magistrado cuestionó a Sito Miñanco sobre su decisión de no responder ni a la Fiscalía ni a las defensas, a lo que este reiteró su posición definitively, justificando que no lo haría hasta que se concluyeran las pruebas periciales pertinentes.

Previo a esta negativa, el abogado Jacobo Teijelo, que representa a Sito Miñanco, había señalado a la Sala que la declaración de su cliente no era viable sin que se realizaran previamente las pruebas, alegando que esto violaría sus derechos fundamentales, garantizados por el artículo 24 de la Constitución Española y el artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Teijelo argumentó que, conforme a los acuerdos previos de la Sala, las declaraciones de los cerca de cincuenta coacusados debían llevarse a cabo una vez completadas las pruebas propuestas.

Tras la negativa de Sito Miñanco, el magistrado le indicó que se sentara. En otro giro, la defensa de Santiago Osuna Medina comunicó al tribunal que su cliente no había podido asistir a la sesión por una parada médica en Valdepeñas (Castilla-La Mancha), donde se encontraba en una camilla por razones de salud, lo que añadió más complicaciones al desarrollo del juicio.

Visiblemente frustrado, el magistrado decidió suspender el juicio "sine die", lo que podría obligar a repetir todo lo que ya se había practicado en la sala hasta ese momento.

Minutos antes de esta interrupción, Guevara había decidido aplazar una prueba pericial relacionada con sonorizaciones de escuchas, debido a la ausencia de algunos de los peritos designados que debían estar presentes para confrontar sus opiniones. Esta prueba es de particular relevancia, dado que parte de la estrategia defensiva de algunos acusados incluye demostrar que las grabaciones realizadas en un chalé y en vehículos no eran selectivas y podían haber sido manipuladas posteriormente.

Durante la jornada, uno de los peritos policiales que testificó aclaró que los sistemas utilizados para las grabaciones permitían a los inspectores iniciar y finalizar la grabación a su voluntad, pero aseguraba que no era posible alterar el fichero 'hash' que se generaba por cada grabación.

Además, se tomó la decisión de postergar la reproducción de grabaciones seleccionadas por las partes, dado que no estaban debidamente preparadas para ser escuchadas en la sala de juicio. Esto provocó que el magistrado diera paso a los interrogatorios de los acusados.

Antes de que se decretara la suspensión del juicio, más de diez peritos habían comparecido ante la Sala, ratificando distintos informes policiales que incluían análisis de balística, evaluaciones de la pureza de la cocaína confiscada, así como detalles sobre el tipo de embarcaciones, específicamente lanchas rápidas, y los compartimentos ocultos encontrados en los vehículos usados para transportar drogas y dinero.

Fuentes del ámbito jurídico han manifestado a Europa Press que, a menos que se convoque a los acusados con carácter urgente, las sesiones del juicio programadas para el miércoles y jueves quedan suspendidas. La Sala tiene un plazo de 30 días para establecer un nuevo calendario o tomar decisiones respecto al futuro de este proceso judicial. Es relevante mencionar que no se dispondrá de sala para reanudar el juicio hasta el 10 de febrero.

Es importante destacar que la Fiscalía Antidroga solicita una pena de 31 años y 6 meses de prisión para Sito Miñanco. Además, en cuanto a Gonzalo Boye, el abogado del expresidente Carles Puigdemont, se pide una condena de 9 años y 9 meses de cárcel por su posible implicación en blanqueo de capitales relacionado con la recuperación de 889.620 euros, cantidad que había sido incautada a presuntos miembros de la organización de Sito Miñanco en el aeropuerto de Madrid Barajas.