La Audiencia Provincial de A Coruña se encuentra en el centro de la atención mediática al anunciar la celebración de un juicio con jurado que tendrá lugar del 25 al 29 de noviembre. Este proceso judicial se enmarca dentro de un caso de gran gravedad: una mujer, residente en Paderne, está acusada de asesinar a su propio esposo.

En este caso, la Fiscalía ha solicitado una condena de 20 años de prisión, argumentando que existen circunstancias agravantes vinculadas al parentesco, aunque también se cita una atenuante referida a la alteración psíquica sufrida por la acusada. Este juicio no solo tocará aspectos legales, sino que también abrirá un debate sobre cuestiones morales y sociales que persisten en nuestra comunidad.

Según el relato del Ministerio Público, el matrimonio vivía en la localidad de Velouzás, en un hogar que pertenece a la madre del difunto. La Fiscalía indica que entre el 20 de diciembre de 2022 y el 20 de enero de 2023, la acusada comenzó a planear la muerte de su esposo, llevando a cabo el crimen en un momento en que éste se encontraba durmiendo o descansando en su cama.

Los detalles del crimen son perturbadores; la mujer utilizó un martillo para propinarle cuatro contundentes golpes en la cabeza, causándole la muerte. Posteriormente, según se informa, envolvió el cuerpo de su esposo con una bolsa de basura y lo cubrió completamente con una manta, dejando el cadáver en el lugar, que fue descubierto el 20 de enero.

La situación tomó un giro aún más inquietante cuando, el 6 de enero a las 23:35 horas, la acusada contactó a los servicios de Urgencias Sanitarias de Galicia 061 para solicitar asistencia médica, lo que llevó a su traslado al complejo hospitalario universitario de A Coruña (Chuac).

La detención de la mujer se produjo el 1 de marzo de 2023, justo en el hospital donde había sido ingresada, tras recibir el alta médica. Desde entonces, se ha mantenido en prisión provisional. En los informes médicos se revela que la acusada presenta un diagnóstico de trastorno bipolar y un trastorno de la personalidad, con indicios de disminución cognitiva y un historial de consumo de alcohol.

No obstante, la Fiscalía sostiene que, en el momento de cometer el acto, la mujer poseía la capacidad suficiente para comprender su acción, aunque no valoró en su totalidad las implicaciones y consecuencias negativas de su conducta, dejándose llevar por impulsos irreflexivos.