En una reciente intervención en el Congreso, Marta Serrano, secretaria general de Transportes Terrestres, ha rechazado la posibilidad de rescatar la AP-9, tal como ha solicitado el Partido Popular (PP). Serrano argumentó que los costos asociados a tal operación son demasiado altos y podrían generar efectos negativos significativos para las finanzas del Estado.

Esta declaración se produjo durante una comisión donde el PP cuestionó al Gobierno sobre el futuro de esta autopista estratégica. En su respuesta, Serrano no dudó en responsabilizar al anterior gobierno del PP por las decisiones que han llevado a la actual situación de la AP-9, incluyendo la prolongación de la concesión que se aprobó hace más de dos décadas.

El diputado del PP, Celso Luis Delgado, no tardó en reaccionar ante las palabras de Serrano, acusando al Gobierno de socavar la división de poderes y de obstaculizar la gestión de la autopista. Delgado expresó su malestar por lo que considera una falta de respeto a las instituciones y una gestión deficiente de este importante recurso vial.

Desde el Ministerio de Transportes aseguran que la situación actual de la AP-9 es el resultado directo de decisiones del PP, citando la prórroga de concesión de 2000 y la posterior venta de estas concesiones en 2003 como momentos clave. Esto ha llevado a que la AP-9 sea la autopista con el contrato concesional más extenso en el país, fijando tarifas que también fueron establecidas durante el gobierno popular.

El PP ha intensificado su crítica al Gobierno, alegando que este bloquea la iniciativa que busca transferir la AP-9 a la Xunta de Galicia. En esta legislatura, se contabilizan ya 22 prórrogas que complican aún más la situación. Delgado denunció durante la comisión que desde la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno, ya se han otorgado 38 prórrogas, lo que considera un claro caso de inacción.

La preocupación por la gestión de la AP-9 también se ha manifestado en el Parlamento de Galicia, donde se ha solicitado un cese del bloqueo en el Congreso para facilitar el cambio de titularidad de la autopista. El Parlamento ha instado al Gobierno a explorar las posibilidades legales para anular la actual prórroga y analizar los costos que podría acarrear la cesión directa de la autopista a la Xunta de Galicia.