La Federación Galega de Transportes de Mercancías (Fegatramer) está tomando medidas legales dirigidas a cuestionar la validez de las prórrogas que el Gobierno español concedió a Audasa para la gestión de la autopista AP-9 en 1994 y 2000, que se extienden hasta 2048. En un anuncio realizado en Santiago de Compostela el 24 de julio, la organización planea presentar su demanda en septiembre ante el Tribunal Supremo.

El presidente de Fegatramer, Ramón Alonso Fernández, indicó en una rueda de prensa que el objetivo principal de esta acción es "recuperar jurídicamente esa autopista" y hacer que sea completamente gratuita para los usuarios. Para ello, se impugnará las decisiones del Consejo de Ministros que dieron luz verde a dichas prórrogas.

Por su parte, el secretario general de Fegatramer, Carlos García Cumplido, reveló que, de conseguir que se annulén las prórrogas, también buscarán la devolución de los peajes que consideran "indebidos", pagados en los últimos años por los transportistas que utilizan la vía.

La AP-9, que ve un tráfico diario de aproximadamente 60.000 vehículos, tiene alrededor de 4.000 de ellos vinculados al sector de transporte, lo que resalta el impacto que los peajes están generando en los costos operativos. García Cumplido destacó que la decisión de presentar la demanda surge a raíz de la “inacción” del Gobierno central, cuestionando su futuro enfoque respecto a la situación actual de la autopista.

El secretario general de la federación también denunció el "pelotazo" que representan las prórrogas, alegando que el coste recae sobre todos los ciudadanos gallegos. Este proceso legal, subrayó, se está llevando a cabo independientemente de las decisiones que tome la Comisión Europea, que ya ha señalado que estas prórrogas violan las normas de contratación de la UE al no permitir la libre competencia.

Fegatramer estima que el Tribunal Supremo podría emitir un fallo en un periodo aproximado de cuatro años. La federación considera que, en caso de que se logre la nulidad de las prórrogas, sería beneficioso para el futuro traspaso de la gestión de la autopista a Galicia, asegurando que este proceso se lleve a cabo "sin una carga significativa".

Adicionalmente, la Comisión Europea ha lanzado un ultimátum al Gobierno español para que enmiende las irregularidades en la concesión de peajes de las autopistas AP-66 y AP-9. Estas irregularidades, según Bruselas, no cumplen con las normativas de la UE sobre contrataciones públicas. Si la situación no se resuelve en un plazo de dos meses, podría ser elevada al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE).