El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha manifestado su preocupación por el impacto negativo que la exclusión de su ciudad como sede del Mundial de 2030 podría tener sobre la reputación de España. En un contexto de creciente frustración, ha denunciado la falta de transparencia de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), señalando que su actitud frente a este "escándalo" es inaceptable, especialmente la postura silenciosa de su presidente, Rafael Louzán.
En una rueda de prensa, Caballero no descartó la posibilidad de llevar el asunto a los tribunales, asegurando que ha puesto a su asesoría jurídica a trabajar en la evaluación de las acciones legales disponibles. "Defenderé a Vigo ante los ataques de la RFEF y los intereses políticos que respaldan esta situación", afirmó con determinación.
El alcalde también criticó la falta de respuesta del vicepresidente de la RFEF ante sus llamados para que se revelaran los documentos y criterios utilizados para determinar las sedes. Denunció que, a pesar de los esfuerzos de su gobierno, recibió una comunicación de un conselleiro que insinuaba la escasa influencia de Vigo en el proceso. "Se habló de partidismo", indicó Caballero, quien también cuestionó las críticas del Partido Popular local sobre la candidatura de la ciudad.
Defendiendo la propuesta de Vigo, el alcalde subrayó que se presentó un proyecto excepcional diseñado para competir a nivel internacional. Al ser interpelado sobre las afirmaciones de un concejal de A Coruña, que sostuvo que el proceso de selección de la RFEF fue “riguroso”, Caballero fue enfático: "Lo que opine un concejal de A Coruña me resulta irrelevante. Habrá tiempo para discutir eso más adelante."
Caballero también habló sobre las controvertidas declaraciones de María Tato, la exdirectora de la candidatura española para el Mundial, quien confirmó que había existido una primera clasificación que incluía el estadio de Balaídos, el cual fue excluido poco después. "Actuaron como si no pasara nada", comentó, aludiendo a errores en el proceso que, según Tato, reconoció haber cometido durante una reunión informal.
Exigiendo transparencia, el alcalde demandó saber la ubicación de la reunión donde se tomó la decisión de excluir a Vigo, así como la lista de asistentes y las actas correspondientes. Caballero recalcó la evidencia de que Louzán había recibido ambas listas, la inicial y la corregida, planteando interrogantes sobre su falta de respuesta y acción ante tales cambios.
Además, Caballero criticó las explicaciones iniciales de Louzán, quien vinculó la exclusión a cuestiones financieras y posteriores problemas de aforo del estadio. "Es inadmisible que se hagan afirmaciones erróneas sobre la situación financiera de Vigo, especialmente cuando contamos con recursos suficientes para realizar las reformas necesarias", subrayó, recordando que su ciudad podría albergar un aforo de hasta 43,500 espectadores.
El alcalde finalizó expresando que lo sucedido no solo perjudica a Vigo, sino que también afecta gravemente la imagen de España a nivel internacional. "La RFEF está perdiendo credibilidad, y el silencio de Louzán plantea muchas preguntas. ¿Por qué no se manifiesta?", cuestionó Caballero, subrayando la necesidad de una gestión más clara y abierta, especialmente cuando la entidad recibió un apoyo financiero significativo del Gobierno para la organización del evento.
“El nivel de ocultismo que se observa en la Federación es insostenible y no redondea con la seriedad que se espera de una federación nacional en un país como España”, concluyó.
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