Crónica Galicia.

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Concesionaria de AP-9 solicitará más de 1.000 millones si contrato es ilegalizado por Bruselas.

Concesionaria de AP-9 solicitará más de 1.000 millones si contrato es ilegalizado por Bruselas.

El Ministerio de Transportes ha comunicado que aún no ha sido declarado contrario a derecho por la Comisión Europea, después de que Audasa, la concesionaria de Itínere que gestiona la AP-9 entre Ferrol y Tuy, haya advertido de que reclamará al Estado más de 1.000 millones de euros en concepto de indemnizaciones si la Comisión encuentra irregularidades en el actual contrato de concesión.

La compañía ha manifestado en una comunicación relativa a una emisión de obligaciones que ha publicado en la CNMV que la indemnización sería "significativamente superior" al importe actual de su deuda, que, según la información auditada, asciende a 1.034 millones de euros a cierre del ejercicio 2022, y que es el importe mínimo que reclamaría al Gobierno en caso de cualquier modificación en el contrato vigente.

La Comisión Europea abrió expediente a España en septiembre de 2021 por la extensión de la concesión de esta autopista, al considerar que la ampliación de los peajes hasta 2048 no se hizo de acuerdo a la legislación europea, que requiere la adjudicación mediante un concurso público. La primera ampliación se aprobó en 1994 y la segunda en el año 2000 mediante sendos reales decretos.

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha comunicado que de momento no ha previsto ninguna actuación que pueda afectar a la relación contractual de la concesión, al considerar que no existe ningún pronunciamiento de la Comisión Europea que declare contraria a derecho esta prórroga, pero Audasa ha recogido en su folleto publicado en la CNMV los próximos pasos que Bruselas podría tomar si finalmente concluye que España incumple la legislación europea.

Según la empresa, si el Gobierno mantuviera el incumplimiento, la Comisión puede optar por remitir el asunto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, lo que podría forzar a España a adoptar las medidas necesarias para cumplir con la ley. En cualquier caso, la compañía ha advertido que, en caso de la modificación o terminación del vigente contrato de concesión por causa no imputable a Audasa y por razones de interés público, tendría derecho a una indemnización que sería significativamente superior al importe actual de su deuda.

Posteriormente, si el Estado no ejecutara la sentencia, la Comisión podría iniciar un segundo procedimiento de infracción mediante el envío de una segunda carta de emplazamiento. En una segunda sentencia, la justicia europea podría, a propuesta de la Comisión, imponer al Estado miembro el pago de una suma a tanto alzado o de una multa coercitiva.

Audasa ha confirmado que en el último año no se encuentra incursa en procedimientos gubernamentales, judiciales o de arbitraje, incluidos aquellos procedimientos que aún están pendientes de resolución o que podrían iniciarse según conocimiento de la empresa.