El exalcalde de Santiago de Compostela, Xosé Sánchez Bugallo, mostró su apoyo a los concejales expulsados del PSOE y decidió presentar su renuncia como senador, generando un gran impacto en la política local. Esta dimisión se produce en un contexto de fuertes tensiones dentro del partido, que han llevado a un enfrentamiento directo entre la dirección del PSOE y algunos de sus miembros más destacados.

En un día marcado por la celebración de varias ceremonias nupciales en la ciudad, el conflicto interno del Partido Socialista se trasladó a los tribunales. En una vista judicial, los concejales Mila Castro, Mercedes Rosón, Gonzalo Muíños y Marta Álvarez buscaron medidas cautelares para revertir su expulsión del grupo municipal, una decisión que consideran injusta y que fue formalmente notificada a ellos solo tres días antes de iniciar los trámites legales.

La situación llegó a manos de la justicia luego de que los ediles presentaran el 17 de marzo una demanda contra las resoluciones de la Comisión Federal de Ética y Garantías del partido, que confirmaron su expulsión. Todo esto es el resultado de un conflicto que comenzó el pasado 24 de junio de 2024, durante un pleno municipal, donde los concejales desoyeron las instrucciones de la dirección local al votar a favor de una ordenanza que regula las viviendas de uso turístico en la ciudad.

Esa misma jornada, la dirección del partido había convocado a una reunión para discutir el cese de algunos de sus miembros, una decisión que Muíños, en su rol de portavoz, se negó a respaldar. Como consecuencia, fue suspendido de militancia por un periodo de 18 meses. El resultado de la votación en el pleno fue un apercibimiento para todos los concejales que participaron.

Tras la serie de enfrentamientos, Mila Castro, Mercedes Rosón, Marta Álvarez y Gonzalo Muíños fueron finalmente expulsados por no asistir a una reunión que, argumentan, fue convocada de manera irregular. A diferencia de ellos, otros dos concejales, Marta Aval y Guimersindo Guintarte, decidieron alinearse con la dirección del PSOE.

Este viernes, la abogacía del PSOE envió a una letrada procedente de Ferraz a los juzgados, donde también estuvo presente Laura Requejo, secretaria de Organización del PSOE local, quien testificó a requerimiento del partido. Por su parte, los cuatro ediles expulsados llevaron a varios testigos que podrían contribuir a su defensa.

Xosé Sánchez Bugallo, quien renunció en la misma jornada como senador, defendió que los concejales deben ser respetados debido a que representan la voluntad de los ciudadanos expresada en las elecciones. En su declaración, enfatizó la importancia de la voz de los ediles en el contexto político actual.

El abogado de los concejales expulsados, Evaristo Nogueira, argumentó vigorosamente que la demanda de cautelares debería ser aceptada, ya que las expulsiones afectan directamente al mandato representativo, un concepto crucial en un sistema democrático. Según él, los electores votan tanto por un partido como por sus representantes, y las expulsiones no tienen justificación.

Nogueira advirtió sobre el daño irreparable que podría sufrir hablando de la actividad política de estos concejales si no se toman las medidas adecuadas a tiempo, enfatizando que la resolución del caso podría extenderse durante un año o más.

Las declaraciones que han trascendido sugieren que Carmen Fernández Morante, exsecretaria de Organización del PSOE local, afirmó que, en su experiencia, el grupo tenía autonomía y que las directrices del partido no imponían un voto específico. Este punto podría ser crucial para el desenlace del conflicto.

Del lado del PSOE, sus representantes han defendido que el proceso seguido para las expulsiones fue correcto y que se proporcionaron a los afectados todas las oportunidades para hacer sus alegaciones. Argumentaron que los derechos de los concejales no fueron vulnerados, aunque actualmente no los representa el partido.

Por ahora, el Ayuntamiento de Santiago planea convocar un pleno extraordinario donde se abordarán varios puntos, incluyendo la situación de estos cuatro concejales. Sin embargo, la incertidumbre persiste, ya que podría influir una decisión judicial antes de la celebración de esta reunión. La atención de la política local se mantiene alta ante los acontecimientos que están por venir.