El Parlamento gallego finalmente logró en diciembre la aprobación del cuarto intento legislativo para el traspaso de la autopista AP-9.
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 28 May.
En el pleno del Congreso del 11 de junio, se discutirá la transferencia del Estado a Galicia de la autopista AP-9. Para ello, el miércoles 29 de mayo, el Parlamento gallego seleccionará a los diputados responsables de defender esta propuesta de ley en Madrid.
En diciembre de 2023, por cuarta vez en los últimos siete años, el Parlamento de Galicia aprobó por unanimidad -- esta vez liderado por el PP -- un proyecto de ley para ser enviado al Congreso con el objetivo de lograr este traspaso. Desde 2016, los diferentes acuerdos en la Cámara gallega no han tenido éxito debido al fracaso de las leyes en su procesamiento en las Cortes Generales.
Al inicio del pleno del Parlamento gallego este martes, el presidente de la Cámara autonómica, el popular Miguel Santalices, expresó su descontento por la comunicación tardía de este debate en el Congreso, instando a que se tome más en cuenta a los parlamentos autonómicos. Advirtió que sin esta sesión plenaria semanal en Galicia, la proposición de ley "desaparecería".
Por ende, al concluir el debate de las proposiciones no de ley del miércoles, los diputados gallegos votarán en urna para elegir a la delegación representante en Madrid de esta petición.
La demanda para que la gestión de la autopista que cruza la fachada atlántica gallega vuelva a ser discutida en Madrid, incluirá una serie de demandas en materia económica al Estado como principales novedades.
Entre estas demandas se destaca la necesidad de que sea la Administración del Estado quien asuma las posibles consecuencias económicas derivadas de una eventual anulación de la prórroga de la concesión a Audasa hasta 2028, tema que está siendo revisado por la justicia europea por una presunta violación de la normativa comunitaria en materia de competencia.
Este asunto fue añadido durante el proceso de tramitación en la Cámara gallega a través de una enmienda del BNG que fue aceptada para su inclusión en el dictamen final por el PP. Esta ha sido la única modificación al texto original presentado por los populares, quienes también incluyeron una serie de obligaciones a ser cumplidas por parte del Estado en cuestiones como la extensión de las bonificaciones de los peajes o la realización de obras de remodelación o ampliación de la infraestructura.
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