Crónica Galicia.

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El exalcalde de Baiona podría ser condenado a 3 años de prisión y 17 años de inhabilitación por borrar cinco multas de estacionamiento

El exalcalde de Baiona podría ser condenado a 3 años de prisión y 17 años de inhabilitación por borrar cinco multas de estacionamiento

Un oficial de la Policía Local también está siendo acusado como cómplice de prevaricación en el caso del exalcalde de Baiona y diputado provincial, Carlos Gómez Prado.

Según informes, Gómez Prado se enfrenta a una posible condena de 3 años de prisión y 17 años de inhabilitación debido a su presunta participación en un delito continuado de prevaricación, en colaboración con un delito de falsedad documental.

El juicio, que involucra al exalcalde socialista y al oficial jefe de la Policía Local, está programado para llevarse a cabo del 17 al 19 de enero en la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo.

De acuerdo con la acusación presentada por la Fiscalía, Gómez Prado habría recibido cinco multas de estacionamiento entre el 30 de abril y el 9 de junio de 2021, durante su mandato como alcalde de Baiona.

Para evitar las sanciones, el exalcalde presentó una tarjeta supuestamente autorizadora para estacionar en una zona de carga y descarga, alegando que se había olvidado de colocarla en su vehículo en esos días.

Se sostiene que esta tarjeta fue creada de manera fraudulenta y fue firmada por el propio alcalde y el oficial jefe de la Policía Local, quien también está acusado como cómplice en este caso.

Además de la tarjeta, el exalcalde proporcionó un informe firmado por el oficial de policía en el que aseguraba estar al tanto de la existencia de la tarjeta para el vehículo oficial del alcalde y que este estaba estacionado en la zona con su autorización.

La Fiscalía argumenta que el alcalde no tenía derecho a estacionar en esa zona de carga y descarga, y que incluso la propia tarjeta fraudulentamente elaborada no le otorgaba esa autorización.

Como resultado de estas alegaciones, el expediente sancionador fue archivado por el instructor del procedimiento, de la oficina ORAL de la Diputación de Pontevedra.

En agosto de 2021, Gómez Prado, en su papel como alcalde, firmó cinco resoluciones en las que estimó sus propias alegaciones y decidió archivar los expedientes sancionadores, mostrando así un "desprecio total" por su deber de abstención.

La Fiscalía acusa al exalcalde de un delito continuado de prevaricación administrativa en colaboración con un delito de falsedad en documento oficial por funcionario público. También considera al oficial jefe de la Policía Local cómplice en el delito de prevaricación y autor del delito de falsedad.

Como consecuencia, se solicita que Gómez Prado sea condenado a 15 años de inhabilitación para cargos públicos, a tres años de prisión y dos años de inhabilitación adicional por el delito de falsedad, así como al pago de una multa de 1.080 euros.

Por otro lado, se pide que el segundo acusado sea condenado a tres años de prisión, una multa de 1.080 euros y una inhabilitación para cargos públicos de cuatro años y medio.