El Senado, con el apoyo del Partido Popular, ha aprobado la autorización para que el Tribunal Supremo pueda encausar judicialmente al senador José Manuel Baltar por conducir a una velocidad excesiva en la autovía A-52. Este paso debe ser ratificado por el Pleno del Senado para seguir adelante con el proceso.
La Comisión de Suplicatorios se reunió a puerta cerrada y por unanimidad dio luz verde al suplicatorio, permitiendo que se suspenda el aforamiento de Baltar y que el Supremo pueda llevar a cabo el procedimiento penal. Esta decisión surge después de que la magistrada Ana Ferrer haya presentado indicios de delito en su contra.
El Tribunal Supremo decidió solicitar al Senado el suplicatorio para suspender la inmunidad de Baltar y proceder penalmente contra él ante los indicios de delito encontrados. Se ha suspendido temporalmente el proceso judicial hasta que se resuelva la autorización solicitada al Senado.
La magistrada consideró que Baltar conducía a una velocidad muy por encima de lo permitido en una zona donde la velocidad máxima era de 120 km/h, lo que constituye un delito contra la seguridad vial. Por ello, se llevó a cabo la solicitud de autorización para avanzar con el proceso judicial.
La juez instruyó el caso basándose en los indicios de delito encontrados contra Baltar, solicitando al Senado la autorización para proceder con el proceso penal a pesar de la sanción administrativa previa que recibió el senador por exceso de velocidad.
El Supremo inició la causa tras recibir el testimonio del juicio rápido y las diligencias urgentes de los juzgados de Zamora y Puebla de Sanabria, por un presunto delito contra la seguridad vial cometido por Baltar al ser sorprendido a 215 km/h en la A-52 al volante de un coche oficial.
El senador "popular" ha negado conducir a esa velocidad y se ha pedido información a la Guardia Civil sobre el radar utilizado y los datos recopilados en el momento de la infracción. Este caso se remonta a un incidente ocurrido en abril de 2023 cuando Baltar fue interceptado por la Guardia Civil por exceso de velocidad.
Antes de llegar al Tribunal Supremo, la Fiscalía presentó cargos contra Baltar por un delito contra la seguridad vial, pidiendo una multa y la privación del derecho a conducir vehículos a motor. El juzgado de instrucción decidió remitir el caso al Supremo al confirmar que Baltar era senador designado por el Parlamento de Galicia.
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