En un giro significativo para el futuro de la industria en Pontevedra, el Tribunal Constitucional ha decidido incorporar a su agenda el recurso de amparo que presentó el Ayuntamiento de la ciudad en contra de la decisión del Tribunal Supremo. Este fallo ya había establecido la legalidad de la extensión otorgada a la fábrica de pasta de Ence, permitiéndole continuar operaciones en Lourizán hasta el año 2073.

La alcaldesa en funciones, Eva Vilaverde, se dirigió a la prensa esta semana para comunicar la recepción de la providencia del alto tribunal, que confirma la aceptación del recurso. Este paso, según Vilaverde, ratifica la postura del gobierno local y demuestra que las posibilidades legales contra la fábrica siguen abiertas, algo que la administración considera como un logro notable, dado lo complicado que resulta lograr la admisión de este tipo de recursos.

En su declaración, Vilaverde subrayó la importancia de este recurso para el gobierno del BNG, al calificar la prolongación como "claramente irregular". Afirma que esta decisión fue una “gamberrada” debido a la falta de justificación de las actividades de Ence en áreas de dominio marítimo-terrestre y su incumplimiento de normativas europeas, resaltando que la autorización se realizó sin concurso y fuera de los procedimientos adecuados.

La alcaldesa también criticó al anterior Gobierno de España, que bajo la dirección de Mariano Rajoy aprobó la prórroga, señalando que este excedió sus competencias legales. Para el Ayuntamiento, esta situación ha generado una sensación de indefensión en la comunidad local, ya que el Tribunal Supremo no consideró las preocupaciones planteadas, convirtiendo este recurso en un asunto de "dignidad" para los vecinos y la administración.

Vilaverde destacó que el Tribunal Constitucional reconoce la "especial trascendencia" del caso, dado que involucra derechos fundamentales sobre los cuales no existe una normativa clara. La instancia ha solicitado al Tribunal Supremo y a la Audiencia Nacional que le envíen toda la documentación relacionada con el caso.

Desde la administración local, se ven tres escenarios posibles, incluyendo la anulación de la sentencia favorable al mantenimiento de Ence, que llevaría a la retirada automática de la prórroga, o la revisión de todas las alegaciones realizadas en su momento. Si el Tribunal Constitucional dictara un fallo en contra del Concello, Vilaverde ha manifestado que se plantearía un recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Estrasburgo.

Por su parte, la empresa Ence ha reaccionado afirmando que no ha recibido notificaciones sobre el proceso, pues no es parte en el recurso, y por ende desconoce la naturaleza del auto del Tribunal Constitucional. La compañía sostiene que esta admisión simplemente garantiza que se evaluará si efectivamente hubo una violación de los derechos fundamentales que el Ayuntamiento reclama.

Ence está convencida de que no ha ocurrido tal vulneración y, una vez notificada por el tribunal, presentará sus alegaciones para proteger sus intereses. La empresa también aclaró que el avance del recurso no afectará la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que previamente validó la prórroga de su concesión, la cual, según argumentan, mantiene su validez y no puede estar sujeta a este nuevo desarrollo legal.