El exfuncionario del Ayuntamiento de Vigo, Francisco Javier G.O., ha presentado un recurso de súplica contra el auto que le da cinco días para ingresar voluntariamente en prisión a cumplir su condena de más de cinco años por "enchufar" a una cuñada de la presidenta de la Diputación de Pontevedra, Carmela Silva, en una contrata municipal.

La defensa del exfuncionario justifica el recurso porque la Audiencia consideró desestimada su solicitud de indulto, ya que había pasado más de un año desde que la presentó ante el Ministerio de Justicia y esta parte cree que, aunque no hay respuesta para aceptar la medida de gracia, tampoco hay una resolución expresa para desestimarla.

El abogado también recuerda que cuando el Tribunal Provincial suspendió la entrada en prisión mientras se procesaba el indulto, lo hizo sin ninguna especificación de plazo, por lo que la defensa de Francisco Javier G.O. entiende que esa solicitud de indulto "sigue en trámite" y que, si el exfuncionario entra en la cárcel y luego se le perdona la condena, se habrían vulnerado sus derechos.

La Audiencia Provincial de Pontevedra emitió un auto en abril donde concedía cinco días para entrar voluntariamente en prisión a Francisco Javier G.O. y señalaba que al haber pasado más de un año desde que pidió el indulto, debía considerarse desestimada la solicitud.

Francisco Javier G.O. fue condenado a cinco años y tres meses de prisión, además de nueve años de inhabilitación por prevaricación, malversación de caudales públicos y falsedad documental. El gerente de la empresa que contrató a la familiar de Carmela Silva fue condenado a un año y medio de cárcel y dos años de inhabilitación.

Ambos solicitaron el indulto parcial y, en el caso del exfuncionario, se argumentó su militancia en el PSOE y su pertenencia a UGT, lo que generó cierta polémica. En el momento de la solicitud de indulto, varias decenas de entidades vecinales, sociales y culturales de Vigo remitieron cartas de adhesión con la misma redacción, lo que despertó las sospechas del PP sobre presiones del entorno del gobierno municipal para apoyar el indulto.

Ante la petición de indulto, la Audiencia suspendió el ingreso en prisión de Francisco Javier G.O. hasta que el Consejo de Ministros se pronunciase sobre la medida reclamada. En el caso del otro acusado, cuya pena fue inferior a dos años, se suspendió el ingreso en prisión por dos años con la condición de que no delinca durante ese período de tiempo.