La Fiscalía del Tribunal de Cuentas ha emitido un informe en el que señala que puede haber "responsabilidad contable" en algunos de los supuestos denunciados por el Consello Galego de Contas en un informe hecho público en marzo. Este informe ha centrado su atención en el pago de dietas en cuatro Ayuntamientos gallegos, entre ellos el de Valga, que ha sido objeto de polémica en otras ocasiones por esta cuestión.

En el caso de Valga, la Fiscalía pone en cuestión la percepción de dietas por "desplazamientos sin justificar" abonados a los funcionarios que ejercen la función de secretario e interventor en el Consistorio.

La oposición en Valga ha denunciado reiteradamente supuestas irregularidades en el pago de dietas por parte del gobierno local e incluso la situación ha estado judicializada. El alcalde de Valga, José María Bello Maneiro (PP), ofreció una rueda de prensa en la que recordaba que estas actuaciones habían sido archivadas, pero poco después ofrecía otra intervención pública en la que esgrimía un informe que supuestamente rectificaba la visión del órgano fiscalizador gallego. Sin embargo, la oposición local ha denunciado que se trata de un documento que tiene fecha previa al documento que Contas hizo público a mediados del mes de marzo.

Fiscalía de Cuentas también cree que se puede "derivar responsabilidad contable" en los pagos de gastos de locomoción y por manutención "sin justificar" en los Ayuntamientos de Catoira (Pontevedra) y Vilasantar (A Coruña), así como en las indemnizaciones por razón de servicio y gastos por atenciones protocolarias no justificadas en el también Ayuntamiento coruñés de Trazo. En el informe de Cuentas se señala que, para la depuración de dichas responsabilidades, "goza de legitimación el ministerio Fiscal".

En concreto, el 16 de marzo, el Consello de Contas de Galicia publicó un informe de fiscalización sobre las percepciones económicas no salariales en las entidades locales, en el cual pone en duda la justificación de más de 200.000 euros en dietas de cargos públicos y funcionarios de al menos cuatro ayuntamientos gallegos.

La fiscalización de Vilasantar se llevó a cabo a raíz de que el Pleno del Consello de Contas consideró conveniente este examen tras ser informado de la falta de la correcta justificación de las dietas y gastos de locomoción pagados desde noviembre de 2017 a enero de 2019. En sus conclusiones, el Consello explica que la cuantía percibida por la Alcaldía-Presidencia por estos gastos ascendía a más de 7.740 euros, de los cuales unos 5.950 corresponden a gastos de locomoción.

En el caso de Catoira, Contas decidió iniciar su fiscalización a raíz de la detección de posibles irregularidades en las cuantías de las dietas percibidas por el gobierno local desde septiembre de 2018.

En cuanto a Trazo el Consello de Contas comenzó su fiscalización después de un litigio en los tribunales por supuesta malversación en el Ayuntamiento, que finalmente fue sobreseído.

Los importes percibidos por siete concejales por asistencia suman 87.440 euros entre junio de 2017 y el 31 de diciembre de 2021, observando que se "incumplió" por parte del Ayuntamiento la normativa "en varios aspectos". Precisamente en 2019 se dio carpetazo judicial a una denuncia contra el gobierno local por el cobro de comisiones ilegales.