El próximo 9 de mayo se llevará a cabo una audiencia crucial en Santiago de Compostela, donde se discutirá la medida cautelar solicitada por un grupo de concejales del PSOE que buscan frenar la ejecución de las sanciones impuestas por el partido.

La demanda, presentada por los cuatro ediles expulsados de la agrupación socialista en Santiago —Gonzalo Muíños, Mercedes Rosón, Mila Castro y Marta Álvarez— ha sido admitida en el Juzgado número 3 de la ciudad y tiene como objetivo impugnar las decisiones tomadas por la Comisión Federal de Ética y Garantías del PSOE.

De acuerdo con información de Europa Press, las partes involucradas fueron notificadas el 10 de marzo sobre la celebración de esta vista, en la que se decidirá si se otorgan las cautelares solicitadas por los concejales expedientados para detener las consecuencias de las resoluciones disciplinarias.

Estos ediles presentaron su demanda en la semana del 17 de marzo, tras recibir la notificación de su expulsión del partido el 14 de ese mes, una decisión que los sorprendió y motivó su acción legal.

En un comunicado emitido el mismo día de su expulsión, los concejales afirmaron que continuarán siendo "socialistas" a pesar de la decisión del partido, argumentando que su ideología y compromiso con la igualdad y la justicia no pueden ser borrados por una resolución interna.

Además, manifestaron su intención de recurrir a la justicia ordinaria "por dignidad" y para preservar su integridad, aludiendo a su rechazo a que decisiones arbitrarias determinen quién califica como socialista, en función de intereses personales de terceros.

Por otro lado, las autoridades del PSOE han argumentado que los concejales incurrían en faltas graves contra la normativa del partido, acusándolos de actuar en contra de las directrices establecidas por los órganos de dirección que impactan en las instituciones.

En el caso de Muíños, se le señala una constante indisciplina, especialmente tras el conflicto que surgió en junio, cuando todos los ediles votaron a favor de una ordenanza que regulaba las viviendas de uso turístico, contraviniendo las directrices marcadas por la dirección local liderada por Aitor Bouza.