Catedráticos en Derecho Administrativo han expresado su desacuerdo con la interpretación realizada por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSXG) respecto a la directiva europea relacionada con las energías renovables. Esta preocupación se ha manifestado en un contexto donde la normativa y su aplicación parecen divergir considerablemente entre las distintas regiones de Europa.

El presidente de la Asociación Eólica Europea, José Luis Blanco, oriundo de Chantada, ha señalado con preocupación que el desarrollo de la energía eólica ha acelerado en el resto del mundo, mientras que Galicia se enfrenta a un estancamiento. Estas palabras fueron pronunciadas durante el Foro Técnico 'Reflexiones sobre la situación del sector eólico en Galicia', donde convergieron diversos actores del ámbito institucional, empresarial y académico.

En su intervención, Blanco enfatizó que ante los requerimientos de Europa en materia de energías renovables, no existe alternativa viable a estas fuentes de energía, que calificó como "beneficiosas". Durante su exposición, abordó los desafíos del sector en un entorno marcado por una intensa competencia internacional, citando el caso de China, que ha instalado 300 gigavatios frente a los 16 de Europa, resaltando así sus esfuerzos por mantener una economía competitiva a nivel global.

Blanco también hizo hincapié en que el cambio climático se presenta como una amenaza crucial para la humanidad, pero al mismo tiempo, representa una significativa oportunidad económica. Subrayó que competir con países como China en industrias que requieren un alto consumo energético es una tarea compleja que acarrea múltiples implicaciones.

El planteamiento de Blanco sobre la solución a estos problemas es claro: "más renovables y cuanto antes". Argumentó que la instalación de más capacidades renovables no solo reduce el costo de la energía, sino que también contribuye a la descarbonización del sistema energético.

En relación con el papel de la Unión Europea, el presidente de la Asociación Eólica Europea subrayó la vulnerabilidad que conlleva la actual dependencia energética, sugiriendo que los proyectos que satisfacen los objetivos de sostenibilidad deben ser considerados de interés público superior, priorizándose así sobre otros. No obstante, aclaró que esto no implica la eliminación del derecho a réplica en los procesos.

Blanco criticó la disparidad en los procesos de autorización entre los distintos países, mencionando que en Alemania se ha pasado de tramitar 1.000 a 10.000 proyectos eólicos, contrastando con el estancamiento que enfrenta Galicia. Sin entrar en detalles legales, el presidente destacó que la rigurosidad de la administración gallega es de un alto nivel.

Refiriéndose a los procesos exitosos en Alemania, destacó que este país logró establecer objetivos alineados con los requerimientos de la UE y facilitó la planificación territorial, instando a los estados federados a ceder el 2% de su territorio para el desarrollo de energías renovables. En comparación, el desafío de no ver una turbina desde casa es un escenario más aceptable en Alemania, donde la sociedad ha comprendido la necesidad de avanzar en esta dirección.

Blanco también mencionó que la aplicación del principio de interés público superior en Alemania facilita a las autoridades y jueces herramientas que evitan bloqueos en los procedimientos, permitiendo así que las tramitaciones avancen. Reiteró que las normativas son homogéneas en toda la UE, lo que hace difícil de entender la situación actual en Galicia.

El CEO de WindEurope, Giles Dickson, se unió a la discusión resaltando que el consumo de electricidad está destinado a duplicarse en el futuro, con la energía eólica desempeñando un papel fundamental, siendo necesaria para más de la mitad de la electricidad consumida para 2050 según las proyecciones de la UE.

En el foro, también participó Paula Rey, jefa adjunta de la Unidad de Renovables y Política de Integración del Sistema Energético de la Comisión Europea, quien reafirmó que las energías renovables jugarán un rol crucial en el futuro, destacando el compromiso de la presidenta de la Comisión de presentar un pacto industrial limpio en los primeros 100 días de su mandato.

Después de las presentaciones, se llevó a cabo una mesa de debate donde se abordaron las implicaciones legales del estado actual del sector eólico en Galicia. Ángel Ruíz de Apodaca Espinosa, catedrático de Derecho Administrativo, argumentó que la solución se debe buscar en el ámbito judicial, no legislativo o administrativo.

Desde la Universidad de Santiago de Compostela, Luís Míguez Macho añadió que la problemática radica en una interpretación confusa del TSXG sobre el impacto ambiental, argumentando que no se establece una clara distinción entre la participación del público y la del público interesado en estos procedimientos.

Míguez Macho sugirió que la situación actual abre un escenario complicado, no solo por la paralización que implica la cuestión prejudicial planteada, sino también porque las respuestas del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) podrían no ser definitivas.

El letrado de la Xunta, Carlos Abuín Flores, al resumir la gran cantidad de procedimientos en curso, aseguró que la administración autonómica persistirá en su defensa a través de los recursos que permite el estado de derecho.

La conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, inauguró el foro y expresó su reconocimiento a los ponentes, lamentando la creciente "inseguridad jurídica" que afecta a Galicia, atribuyendo esta situación a la acumulación de suspensiones que obstaculizan el desarrollo del sector.

Vázquez también informó que, a pesar de haber extendido la invitación al magistrado Luís Villares para participar en el foro, este declinó la oferta de manera cortés.

Por último, la conselleira resaltó que la Xunta ya se ha personado en el proceso prejudicial ante el TJUE para defender la objetividad de su administración, corroborando que el Gobierno central ha hecho lo propio. En su argumentación, Vázquez insistió en que Galicia aplica estrictamente las normativas estatales y las directrices europeas, cuestionándose por qué es la única comunidad que enfrenta esta clase de problemas.

Con un centenar de parques autorizados que han sido recurridos, Vázquez advirtió que Galicia ha dejado de ser un modelo a seguir, enfatizando que el cumplimiento de España con los acuerdos europeos depende en gran medida del cumplimiento de Galicia.