MADRID/PONTEVEDRA, 19 Nov.

Ayer, durante el juicio que se desarrolla en la Audiencia Nacional contra el conocido narcotraficante gallego José Ramón Prado Bugallo, más conocido como Sito Miñanco, las defensas de varios de los acusados intentaron refutar la relación de la organización criminal con el buque Thoran, que transportaba un impresionante cargamento de 3,3 toneladas de cocaína. Los letrados sostuvieron la falta de comunicaciones entre los investigados y el navío; sin embargo, el inspector que lideró la famosa 'operación Mito' apuntó que el 'narco' actuaba de manera "profesional" y, por lo tanto, lo más lógico era que mantuviera distancia y no tuviera contacto directo con una embarcación que transportaba tal cantidad de droga.

Durante su testimonio el inspector de la Brigada Central de Estupefacientes (Udyco) aseguró que "una de las cosas que los acusados, miembros de la organización de Sito Miñanco, hacen muy bien es evitar el contacto directo con el barco" para así garantizar su seguridad. Según el informe de acusación, el buque fue interceptado en octubre de 2017 y se estima que la cocaína estaba destinada a la red de Miñanco, un punto que se encuentra en el centro de las alegaciones de la defensa.

El inspector agregó que, aunque había miembros de la organización que debían tener relación con el barco, las personas más cercanas al capo debían mantenerse alejadas de cualquier contacto comprometedor. "Eso es una medida de seguridad básica para ellos. Montan un sistema de comunicaciones para que nadie de su organización hable con el barco", afirmó, añadiendo que los únicos audios que concuerdan con Prado Bugallo y el barco son aquellos en los que se comenta un abordaje, a través de una conexión con una persona apodada 'Turco'.

"Pero es que es una persona muy inteligente y tiene mucha experiencia. Y lo último que va a hacer es tener contacto directo con un barco que lleva 4.000 kilos de cocaína que él tiene que recoger. Eso es una norma básica suya, como suele decirse, es normal", insistió el inspector, refutando las insinuaciones de la defensa.

Además, el inspector dejó claro que su labor fue autónoma y no dependió de ninguna otra investigación llevada a cabo por fuerzas del orden. En su declaración, subrayó que no tenía conocimiento previo de que el Thoran estuviera involucrado en otra investigación que estaba en marcha en Alicante por parte de la Guardia Civil, reconociendo que la interceptación del barco fue una sorpresa para su equipo. También subrayó que su operación no surgió tras el fallo de otro juzgado gallego que había desestimado otras pesquisas relacionadas con el caso, aclarando que esta investigación había sido iniciada bajo su propia iniciativa en 2016.

El inspector insistió ante el tribunal que no existía duplicidad en las investigaciones contra Miñanco, al considerar que se trataban de casos totalmente distintos. Además, defendió la validez de su investigación frente a cuestionamientos de la defensa que sostenían que las acusaciones se basaban en conjeturas más que en pruebas concretas. "Lo que tenemos más contundente contra esta organización son los audios de las intervenciones telefónicas: conversaciones grabadas que son autoinculpaciones de alguna manera", enfatizó.

Un aspecto que ha llamado particularmente la atención del juicio es la implicación del abogado de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye. Este letrado se enfrenta a cargos por su supuesta colaboración en un plan destinado a recuperar 889.620 euros que la Policía confiscó de miembros de la organización de Sito Miñanco en el aeropuerto de Madrid-Barajas en febrero de 2017.

Según los datos recabados en la investigación, los narcotraficantes habrían contactado tanto con Boye como con otro abogado, Jesús Morán Castro, para que redactaran documentos que legitimaran el origen del dinero. Por ello, Boye y otros dos abogados se encuentran en el banquillo de los acusados ante una posible participación en la creación de documentos y contratos de compraventa de letras de cambio para recuperar los fondos incautados. La fiscalía pide para Boye una condena de 9 años y 9 meses de prisión, además de una multa de 2,7 millones de euros por delitos de blanqueo y falsificación de documentos oficiales.

Durante la jornada, el inspector mencionó que el equipo tuvo conocimiento de la relación cliente-abogado de Sito Miñanco con Boye tras darse cuenta de que este último asistiría a una reunión relacionada con la recuperación del dinero incautado. Sin embargo, se corrigió y reconoció que efectivamente, Prado Bugallo ya había tenido trato previo con él, dado que había audios donde supuestamente se hablaba de algún permiso relacionado con la actividad del 'narco'.

Las fuentes consultadas por Europa Press sobre la defensa de Boye han señalado que este detalle es crucial, ya que podría evidenciar que Boye no apareció en el caso para blanquear dinero, sino que ya había representado a Sito Miñanco en diferentes causas y era letrado de otro investigado central, Enrique García Arango. Estas fuentes insisten en que Boye no estuvo presente en ninguna de las reuniones mencionadas por los investigadores y, mucho menos, en alguna en donde se hablara de dinero.

A pesar de ello, el inspector aseguró que disponen de un registro de una conversación telefónica entre Pedro González Rubio, otro de los encausados, donde se menciona una reunión en la que también participaría Boye y una hija de Prado Bugallo. "Hay un audio muy claro en el que Adriana, otra encausada, le explica a González Rubio que esta gente va a recuperar el dinero y que a nadie le gusta perder'", detalló el inspector. También subrayó que el efectivo que había sido confiscado era propiedad de la organización de Miñanco y no de González Rubio, como se pretendía argumentar.

El juicio vivió el inicio de la segunda fase testifical, donde otro inspector revisó los inicios de la investigación en torno a Sito Miñanco. Destacó que el equipo fue extremadamente cauteloso en sus operaciones, siendo conscientes de que la organización contaba con "tentáculos en todos lados". Esto llevó a que cualquier acción que quisieran realizar pudiera filtrar información, lo cual ya les había sucedido en varias ocasiones.

En este sentido, comentó un episodio en el que su equipo se dirigía a realizar una gestión en una oficina de Policía Local en Marbella, cuando un vehículo que estaba utilizando registró su matrícula en un medio informativo una semana después. Esta experiencia confirmó su postura de que las gestiones debían ser consideradas con gran delicadeza para evitar filtraciones, lo que llevó al equipo a esperar hasta el final de la investigación para abordar el tema del blanqueo.

La fiscal también inquirió al inspector sobre una frase interceptada a Sito Miñanco relacionada con un posible pago a su proveedor colombiano: 'Para pagar parte del coche por delante'. A lo que el agente especificó que se trataba de un lenguaje utilizado por narcotraficantes, que podría referirse a la sustancia estupefaciente en diferentes presentaciones, sin identificar la posibilidad de que existiera un pago real por un vehículo.