Un golpe contundente contra el narcotráfico se llevó a cabo a principios de semana por la Guardia Civil, en colaboración con la DEA y Europol, en Galicia y Madrid. Esta organización desmantelada era responsable de la entrada y distribución de cocaína en el noroeste peninsular, utilizando veleros y catamaranes para transportar la droga. Además, se estima que contaban con un patrimonio ilícito de más de 10 millones de euros, que blanqueaban a través de diversos negocios y propiedades.

La llamada Operación Halia, que ha resultado en 20 detenidos, seis de los cuales ya están en prisión, ha supuesto la mayor intervención de dinero en efectivo relacionado con el narcotráfico en Galicia, con más de 3 millones de euros incautados, además de drogas y otros efectos.

La investigación comenzó a principios de 2023, cuando la UCO de la Guardia Civil detectó actividad sospechosa en O Salnés, Pontevedra. Tras frustrar un envío de cocaína en un velero, se descubrió que la organización había realizado otros transportes con éxito en las costas gallegas, utilizando jóvenes sin antecedentes en el narcotráfico como pilotos.

Además, se descubrió un laboratorio de corte de cocaína en una zona aislada de Madrid, con capacidad para producir 100 kilos de droga al mes. La organización utilizaba dispositivos de encriptado en sus comunicaciones y otras medidas de seguridad para evitar ser detectados.

El patrimonio ilícito de la red ascendía a más de 10 millones de euros, repartidos en propiedades, vehículos, embarcaciones y negocios como estancos y viveros de moluscos. Para blanquear el dinero, utilizaban testaferros, empresas pantalla y otras estrategias.

En total, se han embargado bienes valorados en más de 10 millones de euros, bloqueando cuentas corrientes, inmuebles, embarcaciones y autorizaciones de explotación de estancos y viveros.

La operación Halia culminó con la detención de 20 personas en Pontevedra, A Coruña y Madrid, con registros en 27 domicilios e inmuebles, incautando 3 millones de euros, así como diversos tipos de droga y otros efectos relacionados con el tráfico ilícito.

Los detenidos fueron puestos a disposición judicial, donde seis de ellos ingresaron en prisión y los otros cuatro quedaron en libertad con medidas cautelares. Todos están siendo investigados por delito contra la salud pública en el marco de una organización criminal.

Entre los detenidos para los que se decretó prisión se encuentran personas con capacidad económica y con posibles intereses en el extranjero. La gravedad del delito y el riesgo de fuga fueron factores determinantes para la decisión del juez.