El debate en el Parlamento de Galicia sobre las denuncias de filtraciones de inspecciones en residencias de mayores ha generado un enfrentamiento entre la oposición y la diputada del PPdeG, Raquel Arias. Durante la discusión de dos mociones presentadas por el BNG y el PSdeG, Arias criticó a quienes piden más servicios y recursos para la Xunta, mientras apoyan la condonación de la deuda catalana que, según ella, recae sobre el resto de los españoles.

Este debate se originó a raíz de la interpelación realizada la semana pasada por el diputado del BNG, Iago Tabarés, y la parlamentaria del PSOE, Marina Ortega, en relación a la denuncia de la asociación de inspectores sobre filtraciones en las revisiones de las residencias. Según los denunciantes, estas filtraciones permiten a los centros corregir los problemas antes de la visita de los inspectores.

El diputado del Bloque reclamó transparencia, respeto y dignidad hacia los mayores, y cuestionó a Arias por utilizar su intervención para hablar de temas como Bildu, Cataluña e incluso el documental de Évole, insinuando que estaba desviando la atención del asunto principal.

Por su parte, la diputada socialista acusó al PP de llamar mentirosos a los inspectores y consideró que la negativa de la conselleira, Fabiola García, a abrir una investigación es una evidencia en sí misma. Ortega pidió empatía e investigación de manera urgente.

Raquel Arias defendió la gestión de la Xunta y resaltó la inversión en la atención de las personas. Además, invitó a la oposición a presentar pruebas ante la Fiscalía. Tabarés diferenció entre la denuncia y el proceso judicial, y prometió que una vez que se levante el secreto de la documentación solicitada, la presentará ante la Justicia.

La diputada del PP contrastó las denuncias de la oposición con la deuda de 2.500 millones de euros que el Estado tiene con Galicia en materia de dependencia. También llamó al BNG y al PSdeG a sumarse a la reclamación de financiar el 50% de la ley y a transferir el ingreso mínimo vital, ya que según Arias, la Xunta no puede tramitar la reforma de la normativa para hacerla compatible con la Risga sin estos recursos.