El Bloque Nacionalista Galego (BNG) ha lanzado un firme reproche hacia el Partido Popular (PP) al acusarlo de poner en peligro los recursos naturales y mineros de Galicia al favorecer a empresas con vínculos estrechos al partido, permitiendo así un manejo negligente de estos bienes a un precio irrisorio.

En una conferencia de prensa celebrada recientemente en Santiago de Compostela, la portavoz del BNG, Ana Pontón, ha sugerido que se declare a los recursos mineros y naturales de la región como estratégicos, criticando al Gobierno de la Xunta por facilitar un escenario propicio para lo que ella denomina “expolio minero”.

Pontón ha delineado los ejes centrarles de su plan para un “gobierno alternativo” que, según ella, aborda la regulación y gestión de los recursos gallegos con el objetivo de “hacer que la riqueza minera beneficie a Galicia y a su gente”.

La líder nacionalista ha enfatizado la necesidad de preservar los ciclos productivos y los ecosistemas, contrastando esto con las acciones del gobierno del PP, que, según ella, se basa en un “modus operandi” destructivo en su tratamiento de los recursos naturales, similar al que se adopta en otras áreas como la agricultura.

En su crítica, admonestó que el actual ejecutivo está entregando estos recursos “a precios de risa” a multinacionales y a empresas afines al PP, lo que considera un fracaso en la defensa de los intereses de los ciudadanos gallegos que, en última instancia, enfrentan los costos medioambientales y sociales de esta política.

Pontón argumentó que el gobierno de Rueda ha heredado un enfoque extractivista que ha sido poco beneficioso para la riqueza forestal y energética de Galicia, y resaltó la urgencia de cambiar la mentalidad de un gobierno que, a su juicio, está al servicio de intereses corporativos y en detrimento de la población local.

En el mismo encuentro, realizó duras críticas sobre la aprobación de una Agenda Minera Sostenible en 2023, a la que calificó de opaca y carente de la participación ciudadana, y sobre la ulterior tramitación de un Plan de desarrollo que, según su opinión, favorece la comercialización de recursos mineros en manos de intereses privados.

Pontón destacó la falta de transparencia en las acciones del PP, que pretende “disfrazar” su enfoque de extracción masiva bajo un discurso de sostenibilidad y economía circular, que, a juicio de la portavoz, no es más que una fachada del continuo expolio.

Asimismo, desveló conexiones entre el PP y ciertos grupos económicos que podrían estar beneficiándose de los recursos gallegos, mencionando, como caso emblemático, al presidente de la Cámara Minera, con antecedentes en el PP y vínculos a empresas del sector.

El intercambio de favores entre la política y el sector minero fue subrayado por Pontón, al referirse a la mina de San Fins, sugiriendo que las “puertas giratorias” están beneficiando a un círculo privilegiado a costa de la comunidad.

La portavoz también criticó la tendencia del Ejecutivo a promulgar medidas que favorecen el despojo de los recursos mineros mientras rechaza desarrollar estrategias de planificación del territorio, como la expansión de la Red Natura o las iniciativas de planificación para actividades extractivas.

Pontón mencionó el caso de la mina de Doade, vinculada a un grupo aragonés, subrayando que, mientras la Xunta promueve iniciativas que supuestamente fortalecerían la economía local, las inversiones reales y los beneficios están desviándose hacia otras regiones, generando un costo social y ambiental para Galicia.

Finalmente, presentó las claves de la agenda que el BNG propone para un desarrollo minero más sostenible e inclusivo, abogando por la estrategia de declarar los recursos naturales como esenciales y planificar su explotación en beneficio de la comunidad gallega.

La idea es asegurar que la gestión de estos recursos se base en la transparencia y la participación ciudadana, promoviendo al mismo tiempo la protección del patrimonio y recursos hídricos, así como priorizando sectores económicos clave como la agricultura y la ganadería sobre los intereses extractivos del lobby minero.