Crónica Galicia.

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"Protegidas gallegas respaldan acciones de Bruselas contra usos ilegales en internet y piden detener fraudes"

Sellos como Ternera Gallega y Aguardientes y Licores de Galicia abogan por proteger a los consumidores de la "picaresca" y productos "pirata".

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 10 Mar.

Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP) de Galicia valoran que la Eurocámara haya respaldado recientemente dotar de mayor protección para estos sellos de productos agrícolas, vino y bebidas espirituosas. Entre otras cuestiones, se apuesta por atajar el uso ilegal en internet y se regula el uso de los indicativos cuando se trata de un ingrediente en un producto procesado.

En una entrevista con Europa Press, el presidente del consejo regulador de las indicaciones protegidas de carne de vacuno de Galicia, Jesús González, aplaude que "todo son medidas orientadas a dar más transparencia y seguridad al consumidor".

Así, el responsable de Ternera Gallega remarca que esta modificación "va en sentido de que se abran nuevos sistemas de comercio con el tema del mundo digital". Aquí reflexiona acerca de que era "imprescindible" regular las ventas por internet para evitar "picaresca comercial".

Igualmente, cree que "es bueno que se permita" que algunas industrias puedan hacer elaborados con "productos de máxima calidad" y señala que para eso deben aparecer los ingredientes, con lo que "trasladar al consumidor materias primas de una calidad reconocida y protegida con todas las normativas que hay". Pone el ejemplo de que si una hamburguesa "se hace con carne certificada, que pueda poner que es con carne elaborada de Ternera Gallega, una demanda que se fue haciendo cada vez más mayoritaria".

El reglamento adoptado a finales de febrero --con 520 votos a favor, 19 en contra y 64 abstenciones-- protege las IGP tanto offline como online, otorga más poderes a sus productores y simplifica el proceso de registro de los productos agrícolas.

El texto de la nueva norma recoge una serie de medidas para garantizar una mejor protección de este sello de calidad también en el comercio online como la disposición para garantizar que todos los dominios web que abusen del nombre de una IGP se cierren automáticamente o se asignen a un grupo de productores que sí la usa legalmente.

Para ayudar con esta tarea, la Oficina de Propiedad Intelectual de la UE deberá establecer un sistema de alerta que controle el registro de nombres de dominio.

Las nuevas normas también definen que una IGP que designe un producto utilizado como ingrediente sólo podrá utilizarse en el nombre, el etiquetado o la publicidad de un producto procesado cuando el ingrediente se utilice en cantidades suficientes para conferir una característica esencial al producto final.

El porcentaje del ingrediente deberá indicarse en la etiqueta y los productores deberán notificarlo a una agrupación reconocida que podrá emitir recomendaciones sobre el uso correcto de la IGP.

Los productores de IGP también podrán prevenir o contrarrestar cualquier medida o práctica comercial que vaya en detrimento de la imagen y el valor de sus productos, incluida la devaluación de las prácticas de marketing y la reducción de los precios. Otra novedad pasa por que el nombre del productor aparecerá junto a la indicación geográfica en el embalaje.

La Comisión seguirá siendo el único supervisor del sistema de IGP, pero se ha reducido el tiempo límite que tiene el Ejecutivo comunitario para introducir los nuevos registros de seis a cinco meses, a fin de acortar trámites burocráticos.

Un cuestión sobre la que llama la atención el presidente de la IGP de Ternera Gallega explica que "el mercado evoluciona" y la "reglamentación también tiene que evolucionar", si bien lamenta que "va un poco lenta". Y es que "ya hace tres o cuatro años se tenía que haber delimitado" el comercio por internet.

Y es que se queja de que con "cierta frecuencia" hay quien quiere aprovecharse y hacer pasar por Ternera Gallega productos que no lo son. Para eso están unos consejos reguladores que velan por vigilar que el producto reúna todos los requisitos que están en el reglamento que lo definen y por controlar cualquier uso fraudulento o "con picaresca comercial". Una problemática que, "si no las atajas, va creciendo".

Ve crucial "controlar que productos que están en el mercado no utilicen el nombre de la denominación si no cumplen los requisitos que tienen que cumplir", ya que "hay determinados operadores que pretenden beneficiarse de un nombre que tiene un prestigio", con casos que ya hubo que denunciar, algo que puede volver a pasar por algún "oportunista" que "no quiere pasar por exigencias de control y hacer una producción barata".

En concreto, un total de 8.270 explotaciones están amparadas bajo el sello de Ternera Gallega y abarca a 100 industrias y comerciales. Puede encontrarse en 1.675 puntos de ventas autorizados. Certifica más de 100.000 canales --cuerpo del animal después de haber sido sacrificado y eviscerado--, lo que supone un valor económico de más de 160 millones de euros.

En esta línea, el presidente del consejo regulador de las indicaciones geográficas de Aguardientes y Licores de Galicia, José Antonio Feijóo, considera que "la protección de la legislación europea era y es suficiente". "Lo que falla es hacerla efectiva en España y proteger, de verdad, los productos con sello de calidad desde todas las administraciones implicadas", opina.

En declaraciones a Europa Press, el responsable de la IGP de Aguardientes y Licores señala que "hay que luchar contra los abusos de las empresas que están fuera de las indicaciones geográficas y que vulneran la legalidad para hacerse pasar como un producto con garantía de origen, evitando así un fraude al consumidor".

"Debería de impedirse la puesta en el mercado de los aguardientes y licores que en sus etiquetas ponen que son gallegos y no lo son. Partimos de la premisa de que los auténticos aguardientes y licores de Galicia ya están amparados por el consejo regulador, el resto de brebajes que se quieren hacer pasar por caseros no son más que destilados piratas, fuera de la ley, sin ningún tipo de control sanitario ni económico. De ahí, la necesidad de hacer cumplir la ley en España para defender al consumidor ante el fraude", expone José Antonio Feijóo.