La Confederación Intersindical Galega (CIG) ha manifestado su descontento hacia la conselleira de Política Social, instándola a dejar de lado su actitud de ofensa y victimización tras la controversia provocada por una viñeta. Al mismo tiempo, solicita que la conselleira tome un papel activo en la mediación con la patronal del sector de residencias y centros de día privados en Galicia.

En un comunicado, la CIG anunció una serie de fechas de huelga programadas para el 10 y 22 de abril, así como el 7 y 21 de mayo. La finalidad de este paro es exigir la apertura de negociaciones con la patronal para acordar un convenio que garantice mejoras importantes en las condiciones laborales y salariales de los trabajadores, ya que muchas de estas personas reciben remuneraciones por debajo del salario mínimo legal.

Un punto culminante de estas movilizaciones será una manifestación que se celebrará el próximo 26 de abril en Santiago, la cual invita a participar a asociaciones de familiares y usuarios de geriátricos, fortaleciendo así el apoyo comunitario a la causa.

El anuncio fue realizado en una rueda de prensa que contó con la presencia de dirigentes sindicales, entre ellos Adolfo Naya, secretario de Negociación Colectiva de CIG-Servizos, Beatriz Fernández, responsable en Ferrolterra y Manuela Doval, presidenta del comité de empresa de DomusVi en Ourense. Durante esta reunión, los representantes sindicales expresaron su frustración debido a la negativa de la patronal a entablar cualquier tipo de diálogo para actualizar un convenio que lleva sin renovación desde 2023, y que ha generado un conflicto que ya se extiende desde octubre del año anterior.

Los sindicalistas señalaron que las condiciones actuales son tan precarias que comparan la situación con condiciones de "esclavitud", lo que impide a los trabajadores, en su mayoría mujeres, brindar una atención adecuada a los usuarios. Entre sus solicitudes destacan la exigencia de un salario justo que no implique que los trabajadores se presenten a sus puestos "por un plato de lentejas". Según sus estimaciones, de los 12.000 empleados del sector en Galicia, alrededor de 8.000 estarían por debajo del umbral del salario mínimo.

Otro de los reclamos es la mejora en la gestión de las incapacidades temporales, ya que actualmente, enfermar se convierte en un verdadero sacrificio que afecta su economía. Relataron casos en los que, si algunas trabajadoras contraen COVID-19, se les descuentan los días no trabajados del salario, lo cual es inaceptable. También exigen una jornada laboral que se equipare a la del sector público y compensaciones por las festividades trabajadas, ya sea mediante remuneración o días libres adicionales.

Los representantes de la CIG enfatizan que la cuestión del salario es casi secundaria, ya que su prioridad es labrar condiciones mínimas de trabajo que respeten su dignidad y la de los residentes. “Queremos que se reconozca nuestra labor con un trato humano y no como simples números en una hoja de cálculo”, subrayaron.

Asimismo, la CIG ha arremetido contra la Xunta, señalando que las mayor parte de estas empresas operan con contratos de servicios concertados. Específicamente, la conselleira Farbiola García es llamada a mediar en esta problemática y a comprometerse con los trabajadores en su lucha por mejores condiciones.

En un momento de la rueda de prensa, Naya hizo hincapié en que la conselleira no debería dejarse llevar por la controversia generada por un cómic que la presentaba de forma caricaturesca, sino que debería centrarse en abordar las cuestiones que realmente importan: las condiciones de las residencias, tanto públicas como privadas.

Por último, la Confederación también exigió atención al ingreso de personas menores de 65 años con problemas de salud mental en estas instituciones, advirtiendo que carecen de la preparación adecuada para abordar tales situaciones.