El Ayuntamiento de Santiago se encuentra en una encrucijada respecto a su normativa de gestión de residuos, la cual ha fracasado en su avance debido a la oposición de los grupos del PP y PSOE. La propuesta, que había sido diseñada para mejorar la recolección y tratamiento de residuos, no logró el respaldo necesario en la votación.

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 25 de septiembre.

Como resultado, el consistorio implementará un incremento en el cobro del impuesto de bienes inmuebles (IBI), que oscilará entre el 50% y el 150% para aquellas viviendas deshabitadas, siempre que cumplan con ciertos criterios. Esta decisión fue aprobada gracias a los votos de los miembros del gobierno local (BNG y Compostela Aberta), junto con el apoyo del PSOE y algunos concejales no vinculados a partidos.

A pesar de la modificación fiscal, la propuesta de incremento de la tasa de basura y la nueva ordenanza de gestión de residuos no lograron salir adelante, una situación provocada por la postura en contra de los concejales del PP y PSOE. En el caso de la tasa de basura, los concejales no adscritos, que respaldaron la ordenanza de residuos, optaron por abstenerse.

El recargo sobre inmuebles vacíos se aplicará a propiedades que se encuentren desocupadas por un período de dos años o más, y cuya titularidad incluya al menos cuatro propiedades. Para llevar a cabo esta medida, el Ayuntamiento deberá crear un censo que identifique de manera precisa estos inmuebles, utilizando datos sobre consumos y registros de habitantes.

Este nuevo marco regulatorio también introduce bonificaciones que favorecen a las viviendas de promoción pública, dentro de las cuales se incluye un tipo de vivienda protegida, en relación con el IBI y el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO).

Como justificante del aumento en la tasa de basura, el concejal de Hacienda Manuel César ha señalado que responde a una “obligación legal” derivada de una ley estatal, que a su vez se basa en una directiva de la Unión Europea, lo que podría acarrear sanciones para el municipio. César también ha aludido al polémico “tasazo de Sogama” como otro factor influyente en esta decisión, refiriéndose al canon que esta compañía ha establecido para el año 2024.

Tanto PP como PSOE han criticado la gestión del servicio de recogida de basura. La concejala socialista Marta Abal ha expresado la necesidad de abordar esta problemática, mientras que el concejal popular Borja Verea ha enfatizado que la situación de limpieza de la ciudad es la peor que se ha visto, subrayando que los ciudadanos pagan un precio elevado por un servicio que no se refleja en la calidad del mismo.

Las concejalas no adscritas han declarado su abstención debido a la falta de recursos y capacidad con que cuenta el área responsable para implementar las exigencias propuestas.

La implementación de un recargo a las viviendas vacías ha encontrado apoyo, aunque se cuestiona su efectividad real. Mercedes Rosón, en representación de las concejalas no adscritas, ha manifestado su acuerdo con la necesidad de movilizar el parque de viviendas desocupadas, aunque ha advertido que el impacto de la medida probablemente será limitado.

A su vez, Marta Abal del PSOE ha avalado las enmiendas presentadas, aunque ha solicitado una evaluación más exhaustiva de la situación de las viviendas vacantes en Santiago, indicando que se deberá discutir en el plenario la necesidad de un censo de estas propiedades.

En cuanto al debate sobre la recarga a inmuebles desocupados, Borja Verea ha aclarado que su grupo se opone a esta medida, abogando por un enfoque que incentive el alquiler asequible en lugar de penalizar a los propietarios.

Respecto a la tasa de basura, César ha recalcado que el Ayuntamiento no tiene otro remedio que ajustarse a estas subidas. A pesar de la resistencia mediante la abstención, en caso de que la normativa no sea aprobada, se enfrentarán a penalizaciones por parte del Gobierno.

Frustraciones sobre el servicio de limpieza han sido también expresadas por Abal y Verea, quienes coinciden en que las deficiencias en el servicio son evidentes. Borja Verea ha criticado la situación de la deuda municipal, reiterando que ocurre en un contexto de tardanza en los pagos a proveedores.

En paralelo, la ordenanza de gestión de residuos – que buscaba actualizar la normativa de 2008 – enfrentó un rechazo por parte de PSOE y PP, quienes alegaron que el texto presentado era confuso y sus propuestas no habían sido debidamente consideradas. La respuesta del gobierno local fue la defensa del nuevo marco regulatorio, que se orienta a sistematizar los criterios para la gestión de residuos.

Por otro lado, la alcaldesa Goretti Sanmartín ha declarado que las críticas del PSOE evidencian una preferencia por intereses partidistas sobre las necesidades de la ciudadanía, lo que ha causado tensión en la sala de plenos. La discusión está lejos de resolverse, con acusaciones cruzadas entre los ediles participantes.