La Audiencia Provincial de Pontevedra ha tomado una decisión relevante en el caso conocido como 'Nené Barral', cuyo origen se remonta a hace más de dos décadas y que involucra serias acusaciones de contrabando de tabaco contra varios individuos, entre ellos, un exalcalde y miembros de cuerpos de seguridad del Estado. Este pronunciamiento se produce en un contexto donde las evidencias presentadas no han sido suficientes para justificar cualquier condena.

En la jornada del miércoles, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) hizo pública la sentencia que absuelve a los ocho acusados vivos que permanecían en el juicio, abordando los hechos ocurridos en el año 2001, en el que se detectó un considerable alijo de tabaco en un contenedor en el puerto de Vigo. Esta decisión se produce casi 24 años después del suceso inicial y marca un hito en la larga y compleja historia judicial del caso.

El caso llegó a juicio con la carga ya disminuida: al menos cuatro de los acusados originales habían fallecido, incluyendo al principal sospechoso, el exalcalde de Ribadumia, conocido como 'Nené' Barral, quien falleció a finales de 2023. Este individuo era considerado una figura central en la operación, encargándose de la introducción de casi 432.000 cajetillas de tabaco, cuyo valor se estimó en más de 127 millones de pesetas, equivalente a unos 763.270 euros.

El tribunal emitió un fallo que aún está pendiente de apelación, donde claramente desvincula a los ocho procesados de cualquier implicación en la activación del contrabando, afirmando que no hay pruebas de cargo suficientes que apoyen su participación en el delito, ni en las acusaciones planteadas en su contra. Esta conclusión ha suscitado diversas opiniones entre los sectores más críticos de la sociedad, que demandan un mayor rigor en la persecución del contrabando.

La Fiscalía había argumentado que los acusados formaban parte de una organización ilícita de carácter internacional, solicitando penas que oscilarían entre dos y tres años de prisión, así como multas que variarían entre 1,8 y 15 millones de euros. Las imputaciones incluían delitos de contrabando, asociación ilícita, cohecho, y revelación de secretos por parte de funcionarios públicos.

El alijo en cuestión fue hallado en un buque con varios contenedores, donde se encontró tabaco de la marca Magnum Especial, procedente de fuera de la Unión Europea y oculto entre madera contrachapada. Subsecuentemente, otros tres contenedores también fueron revisados, revelando más tabaco de contrabando. Sin embargo, a pesar de la claridad del hallazgo, el tribunal considera que la conexión con los acusados no ha sido suficientemente probada.

En el marco de este juicio, se destacó que se encontraba en proceso uno de los casos más antiguos en la historia de la justicia española, iniciado en 1999 en el Juzgado de Instrucción número 1 de Vilagarcía. A lo largo de los años, otros cuatro acusados han fallecido, acentuando la complejidad del caso.

Particularmente, el tribunal ha dejado claro que no hay pruebas que comprometan a los dos funcionarios de Vigilancia Aduanera, quienes estaban destinados en A Coruña y se desempeñaban como observadores aéreos en la costa gallega. No se ha demostrado que alguno de ellos haya transmitido información comprometida a otros acusados, lo cual resulta fundamental para su defensa.

Además, la sentencia exime también a un guardia civil, quien tampoco ha sido vinculado a la transmisión de información obtenida en el ejercicio de sus funciones hacia otros implicados, estableciendo así un claro marco de protección para los profesionales involucrados, al considerar que su labor no estaba asociada con fines ilícitos.

Finalmente, el tribunal subraya que la falta de pruebas concretas en este caso de contrabando de tabaco justifica la libre absolución de los acusados, marcando un precedente importante y cuestionando la solidez de las acusaciones en este largo proceso judicial.