El debate entre el Gobierno central y la Xunta de Galicia se intensifica ante la disyuntiva que representan dos artículos de la ley de presupuestos para el año 2025, así como siete disposiciones de la normativa de medidas fiscales y administrativas asociada. Ambas administraciones se preparan para una reunión con el objetivo de encontrar una solución dialogada y evitar que estos desacuerdos acaben en los tribunales.

En un reciente anuncio del Diario Oficial de Galicia (DOG), se confirmaron tres acuerdos resultantes de la comisión bilateral, que marcan el inicio de negociaciones para abordar las controversias planteadas por el Gobierno central. Este proceso incluye la designación de grupos de trabajo y su comunicación al Tribunal Constitucional, además de su difusión en los boletines oficiales tanto gallego como estatal.

Respecto a la ley de presupuestos, el Ejecutivo central centra su atención en los artículos 8 y 13. El primero se relaciona con las transferencias de crédito, mientras que el segundo aborda la contratación de personal laboral y la selección de funcionarios interinos en la comunidad y sus entidades públicas dependientes.

Adicionalmente, el Gobierno central también expresa su inquietud sobre aspectos de la ley de acompañamiento de las cuentas, concretamente en el artículo 30, donde la Xunta propone una nueva regulación del aprovechamiento eólico.

Fuentes del Gobierno gallego han indicado a Europa Press que el enfoque del Ejecutivo central parece buscar que Galicia renuncie a asegurar que los parques energéticos generen beneficios económicos y sociales para las comunidades afectadas, pese a que tal disposición está incluida en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2023-2030.

Desde la Xunta, liderada por Alfonso Rueda, se han mostrado sorprendidos por la falta de debate del Gobierno central sobre medidas de similar índole que se han implementado en regiones como Navarra o Baleares, que consideran mucho más intervencionistas que las medidas gallegas.

Un aspecto clave en las negociaciones incluye la repotenciación de parques energéticos y la capacidad de la Xunta para autorizar su instalación fuera de las zonas previamente delimitadas para el desarrollo. El Gobierno central, según han manifestado algunas fuentes, sostiene que la regulación en áreas de aceleración renovable debe ser de su competencia.

Adicionalmente, el Gobierno central ha objetado los artículos 72 y 79 de la ley de medidas, que versan sobre la parcelación de terrenos y la reciente modificación de la legislación autonómica de vivienda.

Con respecto a la ley de acompañamiento, se han mencionado numerosos artículos en los que el Ejecutivo central también muestra su desacuerdo, incluyendo el artículo 45 sobre la modificación de la ley de servicios sociales de 2008, el 48 que cambia el reglamento del Consejo Gallego de Economía y Competitividad, el 89 que modifica otra disposición de 2018, y el 97 referente a la ley de empleo público gallego de 2015.

En el ámbito de servicios sociales, se ha señalado que el Gobierno cuestiona la legalidad del vínculo entre el grado de discapacidad y el de dependencia para facilitar las ayudas. Este aspecto legal, al dejar aparente desencuentro, podría tener implicaciones en la recaudación fiscal estatal debido a las deducciones fiscales que beneficiarían a quienes obtengan el reconocimiento de discapacidad correspondiente.