En Santiago de Compostela, el 20 de julio, se ha desatado un intenso debate en torno a la Ley de Dependencia en Galicia, con la portavoz de Política Social del Grupo Socialista, Silvia Longueira, acusando a la Consellería de Política Social de obstaculizar su implementación. Longueira señala que el Ejecutivo autonómico está "boicoteando" estas ayudas fundamentales para los gallegos y restringiendo la información pertinente a aquellos que podrían beneficiarse.

La portavoz ha calificado esta situación como una "estrategia miserable" por parte de la Xunta, argumentando que se está jugando con los derechos de los ciudadanos para eludir responsabilidades y que ello ha llevado a que un 40% de los potenciales beneficiarios se queden fuera del sistema. Longueira critica la falta de acción del Gobierno regional en un tema tan delicado.

Además, Longueira ha manifestado su preocupación por cómo el Gobierno gallego traspasa la carga a los ayuntamientos al imponerles servicios como el de Axuda no Fogar, sin asegurar los recursos financieros necesarios. Esta situación, según ella, está llevando a los municipios a un límite crítico, afectando seriamente las prestaciones sociales ofrecidas a los ciudadanos.

La portavoz también ha puesto de manifiesto que, mientras el PP señala al Gobierno central y a los ayuntamientos como responsables de la situación, en realidad está obstaculizando el avance en el cumplimiento de los derechos relacionados con la Dependencia en la región. Este comportamiento ha sido catalogado como una "pantalla de humo" para desviar la atención de sus propias falencias.

En el contexto de esta situación, Longueira ha resaltado la reciente reforma de la Ley y la asignación de 52,4 millones de euros provenientes del Estado para Galicia. Estos recursos, según indica, son claves para garantizar una prestación adecuada, a la espera de que el Gobierno gallego asuma su responsabilidad en este ámbito.

Por esta razón, el Grupo Socialista ha demandado al Ejecutivo regional que deje de escudarse en excusas y que aumente su compromiso con la Ley de Dependencia. La exigencia es clara: acelerar el proceso en esta área y manejar las solicitudes de forma rigurosa y eficiente.