Este jueves a las 11:00 horas, se llevará a cabo un evento en la estación de tren de Santiago de Compostela, marcando un año desde la condena de un ex alto cargo de Adif.

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 23 de julio.

Las víctimas del trágico descarrilamiento del tren Alvia en Angrois, ocurrido en julio de 2013, continúan exigiendo que el Gobierno español realice una investigación independiente. Buscan que se elabore un nuevo informe que sustituya el de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), cuyo dictamen se centra exclusivamente en la culpa del maquinista.

En este contexto de búsqueda de justicia, las víctimas se reunirán en un acto privado este miércoles para recordar a aquellos que perdieron la vida, y al día siguiente convocarán a la prensa a las 11:00, frente a la estación de tren, donde leerán un comunicado y ofrecerán declaraciones.

Este será un año singular, el primero desde la tragedia, que no contará con una manifestación en las calles de Santiago ni un homenaje en la curva de A Grandeira.

Hace un año, se emitió una sentencia que condenó al ex director de seguridad de Adif, Andrés Cortabitarte, y al maquinista Francisco Garzón, tras un proceso judicial que atravesó múltiples cierres y reaperturas.

El juicio para esclarecer las responsabilidades penales del descarrilamiento, que dejó un balance devastador de 80 muertes y más de un centenar de heridos, comenzó en octubre de 2022, se prolongó durante 10 meses, y no fue hasta el 26 de julio de 2024 que se dio a conocer el fallo.

De acuerdo con la sentencia, se encontró culpables de 79 homicidios y 143 lesiones graves por imprudencia al ex director de seguridad de Adif y al conductor de Renfe.

La Audiencia Provincial de A Coruña aún no ha establecido un plazo para resolver los 108 recursos presentados contra la sentencia, y algunos implicados consideran que la resolución final podría no llegar hasta 2026.

Las víctimas decidieron no llevar a cabo su tradicional marcha hacia la Catedral de Santiago, donde siempre han abogado por responsabilidades políticas y penales. Esta decisión fue tomada tras una asamblea celebrada el 23 de julio, tres días antes de conocer la sentencia.

En esta última asamblea, la asistencia fue notablemente más baja que en ocasiones anteriores, ya que muchos de los afectados residen en otras localidades. Varias voces expresaron un sentimiento de agotamiento y la necesidad de continuar con sus vidas.

Este cansancio se intensifica con el dolor constante que los familiares de las víctimas han soportado durante los años. Durante 11 años, han marcado el momento de la tragedia en el campo da festa de Angrois, coincidiendo con esa fatídica hora cada 25 de julio.

Las víctimas esperan la decisión de otro tribunal, el Europeo de Derechos Humanos, que examinará su demanda para que se lleve a cabo una investigación independiente sobre el accidente.

En este contexto, los afectados refutan la versión de la CIAF, que se autodenomina independiente y que concluyó que solo el maquinista fue responsable del accidente por exceso de velocidad.

A pesar de que la CIAF se opone a realizar otra investigación, sí incluyó en su informe una serie de recomendaciones para mejorar la seguridad en la infraestructura ferroviaria, con el objetivo de que no vuelva a ocurrir un suceso similar.

Con el fin de presionar por una nueva investigación independiente, la plataforma de víctimas presentó una demanda ante instancias judiciales en Europa.

El 5 de febrero pasado, la secretaría del Tribunal Europeo de Derechos Humanos comunicó a la asociación de víctimas que su caso sería examinado "tan pronto como sea posible" y que informaría sobre las decisiones adoptadas en su momento.

El tribunal también subrayó su intención de acelerar el proceso de evaluación de las demandas y la posibilidad de requerir información durante este proceso.

Las víctimas han destacado en un comunicado que este tribunal suele admitir menos del 5% de las demandas, según datos del Consejo General de la Abogacía Española.

La acción legal fue presentada en julio de 2021 ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), en contra del Gobierno y de la comisión que investigó la tragedia.

La plataforma solicita una nueva investigación que no sólo cumpla con los requisitos legales establecidos, sino que también atienda las serias deficiencias señaladas por la Comisión Europea en su informe de la Agencia Ferroviaria Europea.

Ante la falta de soluciones en el ámbito del derecho nacional (incluyendo el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional), la plataforma ha recurrido al Tribunal Europeo, que tendrá que determinar si se ha vulnerado el derecho a un proceso justo y si el Estado español ha respetado los derechos de las víctimas y sus familias.